Federalismo en crisis: Deuda millonaria que asfixia a las provincias

La retirada del Estado Nacional de sus funciones operativas ha derivado en un conflicto financiero y logístico de gravedad extrema en el extremo sur del país. La Dirección Provincial de Vialidad de Tierra del Fuego ha denunciado una deuda superior a los 600 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, destinados a la conservación de la Ruta Nacional 3. Este incumplimiento no es un hecho aislado, sino que representa el síntoma más agudo del «ahogo presupuestario» que el informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) define como una política de Estado deliberada. Al paralizar el flujo de fondos hacia las jurisdicciones locales, la administración central traslada la responsabilidad del mantenimiento de la red troncal a las provincias, pero sin transferir los recursos correspondientes, obligando a las autoridades fueguinas a proponer soluciones desesperadas, como el trueque de deuda por insumos físicos —alcantarillas y barandas— ante la falta de respuestas desde Buenos Aires.

El deterioro de la Ruta 3, principal vía de conectividad terrestre de la isla, es calificado como crítico y pone en riesgo la seguridad vial en una zona donde la transitabilidad invernal exige un mantenimiento riguroso y constante. El diagnóstico de los trabajadores viales de FEPEVINA sostiene que este tipo de deudas son parte de la «estafa técnica» del actual modelo: se recauda el Impuesto a los Combustibles, pero el dinero se retiene en las arcas nacionales para financiar el superávit, mientras la infraestructura se desmorona. Al no recibir los fondos para la conservación, las provincias solo pueden gestionar «parches» ante la emergencia, lo que acelera el agotamiento de las capas estructurales del pavimento. Como advierte el sindicato, cada mes de inacción en rutas de jurisdicción nacional representa un pasivo que luego se paga con un costo de reparación hasta siete veces mayor y, fundamentalmente, con un incremento en la siniestralidad.

La parálisis de la Ruta 3 evidencia también el fracaso de la «reorientación institucional» que el Ministerio de Desregulación intenta imponer. Mientras el discurso oficial promueve que el Estado solo debe ocuparse de la «planificación estratégica», en la realidad del territorio la ausencia de Vialidad Nacional deja a las provincias en un limbo administrativo y operativo. La propuesta de pagar deuda con insumos físicos revela la magnitud del colapso: el sistema vial argentino ha pasado de ser un modelo de integración federal a un esquema de subsistencia donde las provincias deben mendigar materiales básicos para evitar el aislamiento. Esta situación de desatención inducida busca, según denuncian los gremios, justificar la futura entrega de los corredores a concesionarias privadas, ocultando que el desastre actual no es fruto de la falta de dinero, sino de una decisión política de no ejecutarlo.

Finalmente, la crisis en Tierra del Fuego resalta la vulnerabilidad de la soberanía territorial ante el desmantelamiento de la infraestructura básica. La Ruta 3 no es solo una carretera; es el eje que garantiza el abastecimiento y la vida social en la isla. El informe de FEPEVINA es lapidario al concluir que no falta Estado por falta de recursos, sino por una voluntad expresa de desmantelar la capacidad técnica y operativa del país. Si el Gobierno Nacional persiste en ignorar sus deudas y sus obligaciones legales sobre la red nacional, el saldo no será solo el deterioro del asfalto, sino un quiebre en el pacto federal y una cadena de responsabilidades legales por accidentes y muertes evitables. La defensa de Vialidad Nacional es, en este contexto, la defensa de la seguridad y la integración de cada rincón de la Argentina frente a un ajuste que ha dejado de ser financiero para convertirse en humano.