La atomización del control mecánico vehicular a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación traslada de manera directa la fiscalización vial al terreno de la competencia comercial y el beneficio privado. La normativa, fundamentada bajo el postulado de disolver monopolios burocráticos y abaratar costos mediante la libre fijación de tarifas, desarma el esquema unificado de verificación técnica para delegar la potestad regulatoria en miles de talleres mecánicos y concesionarias particulares. Este corrimiento del rol auditor del Estado genera un conflicto de intereses estructural en la base del sistema, dado que el sustento económico de estos nuevos prestadores depende en forma directa de la captación de usuarios y la velocidad del trámite. Al subordinar la aptitud de los vehículos a las reglas de la oferta y la demanda, el incentivo del mercado opera en detrimento de la exhaustividad técnica, transformando una certificación preventiva de seguridad en un activo comercial transaccionable y desdibujando los estándares mínimos de control.Esta flexibilización de los criterios de inspección se traduce de manera inmediata en un incremento del riesgo operativo sobre la red de autopistas y rutas comerciales del país. El parque automotor nacional, sometido ahora a evaluaciones descentralizadas sin garantías de homogeneidad en el equipamiento de medición crítica, compartirá calzadas gravemente deterioradas por la parálisis crónica de la obra pública y la falta de inversión estructural en mantenimiento profundo. Las experiencias globales demuestran que la desregulación de la seguridad en el transporte no elimina costos, sino que los externaliza en forma de un alza sistemática en los índices de siniestralidad fatal y colapso de infraestructura. Al diluir la fiscalización preventiva en una red de comercios autónomos guiados por la rentabilidad competitiva, el ordenamiento normativo asume un dogma ideológico que confunde agilidad administrativa con desprotección civil, exponiendo a los ciudadanos a las consecuencias directas de un tránsito desregulado en rutas sin contención estatal Navegación de entradas La CGT repudió la intervención judicial a la UOM
