El plan de ajuste sobre la estructura pública ha encontrado en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) uno de sus escenarios más drásticos. Según datos recientes, 660 trabajadores han optado por el régimen de retiro voluntario, una cifra que representa aproximadamente el 13% de la dotación total del organismo, que al cierre de 2025 contaba con unos 4.966 empleados (frente a los más de 5.700 que tenía al inicio de la gestión actual). Esta salida masiva no es solo un dato estadístico; representa una sangría de personal especializado, con décadas de experiencia en el mantenimiento de rutas, que hoy abandona sus puestos ante la falta de perspectivas salariales y presupuestarias. La implementación de estos retiros se formalizó mediante la Resolución 118/2026, bajo condiciones que los propios gremios han calificado como «financieramente estrictas». El esquema ofrece dos variantes de salida: una gratificación del 90% del sueldo por cada año de antigüedad, o una del 85% más una cobertura asistencial equivalente a un año de aportes de obra social. Sin embargo, el punto más polémico es la forma de pago: a diferencia de una indemnización tradicional, el cobro se realiza en cuotas mensuales fijas (hasta ocho pagos si el monto supera los 30 millones de pesos), lo que en un contexto de alta inflación licúa rápidamente el valor real del dinero que el trabajador recibe al retirarse. Además, el decreto impone una «cláusula de bloqueo»: quienes acepten el retiro tienen prohibido volver a trabajar en el Estado Nacional bajo cualquier modalidad (incluyendo contratos de obra o servicios) por un plazo de cinco años. Esta condicionalidad busca garantizar que la reducción de la planta sea permanente, pero en la práctica genera un vacío de conocimiento difícil de revertir. Muchos de los 660 agentes que se acogieron al plan son maquinistas, técnicos y proyectistas con más de 20 años de servicio; perfiles que el mercado privado absorbe rápidamente pero que el Estado pierde de manera definitiva. El impacto de este achique ya se siente en los campamentos viales de todo el país. Mientras las rutas nacionales muestran un estado de deterioro crítico por la falta de inversión en asfalto, ahora se suma la falta de «brazos» para las tareas de emergencia. La estrategia de «adecuar la dotación a las necesidades funcionales», como reza el texto oficial, parece chocar con la realidad de una red vial federal que requiere, más que nunca, de personal capacitado para prevenir accidentes. Con 660 sillas vacías y una planta que sigue reduciéndose, el interrogante es quién quedará para garantizar que los caminos de la Argentina sigan siendo transitables y seguros Pablo Nasime Secretario General Sindicato del Personal Vial de Santa Fe Navegación de entradas Federalismo en crisis: Deuda millonaria que asfixia a las provincias La acelerada curva de abandono de la red vial nacional
