El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reactivó el conflicto político con la administración central al exigir respuestas concretas sobre el futuro del Corredor Belgrano y denunciar la exclusión de tramos urbanos críticos dentro del nuevo sistema de concesiones viales. La controversia recrudeció luego de que el jefe del Distrito Número Diez de Vialidad Nacional, David Moulin, deslindara la responsabilidad del organismo sobre las avenidas Tres de Abril, Ferré e Independencia de la capital provincial, argumentando que dichas arterias no pertenecen a la jurisdicción federal. El mandatario correntino desestimó los justificativos técnicos del funcionario centralista y señaló que el debate no debe empantanarse en tecnicismos administrativos, sino concentrarse en mitigar el severo desgaste de la infraestructura que afecta de manera cotidiana a la población local. Para la gestión provincial, la decisión de mantener estos accesos estratégicos por fuera de la órbita de inversión de la Red Federal de Concesiones representa una mirada fragmentada que atenta contra la funcionalidad de todo el sistema de transporte regional. El Ejecutivo correntino sostiene que el proyecto del Corredor Belgrano debe integrarse de forma obligatoria con la Ruta Nacional 12 para resolver el colapso del tránsito pesado y la destrucción de las calzadas que conectan a la ciudad con su periferia productiva. Valdés responsabilizó de manera directa a las sucesivas gestiones nacionales por el abandono estructural y el consecuente perjuicio económico ocasionado a la provincia, intimando a las actuales autoridades viales a romper la inercia burocrática y asumir la reparación de los daños históricos bajo una perspectiva de planificación territorial integral. El cruce de declaraciones expone las tensiones inherentes al modelo de descentralización y retiro de las obligaciones del Estado en materia de obra pública que promueve el Gobierno nacional. Al delegar la rentabilidad de las rutas principales a los consorcios privados y desentenderse de los nudos urbanos de interconexión local, la órbita federal traslada los costos del mantenimiento profundo y las externalidades del tránsito comercial a los presupuestos provinciales. Esta política de delimitación estricta de responsabilidades es percibida por el gobierno correntino como un despojo de los recursos comunes que debilita los corredores estratégicos del norte del país, evidenciando que el diseño del nuevo esquema vial prioriza la simplificación de los balances contables de los organismos públicos por encima de la seguridad y la integración física de las comunidades del interior. Navegación de entradas El costo del bacheo local: el vaciamiento nacional que financian los municipios La claudicación del control federal: la Nación delega las fallas del Puente Carretero en el presupuesto local
