Reclaman prisión domiciliaria para Nelson Periotti y cuestionan al fiscal Luciani

Un nuevo reclamo por prisión domiciliaria reavivó el debate sobre la causa Vialidad, esta vez en torno al exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, de 79 años, condenado a seis años de prisión por supuesta administración fraudulenta en favor de empresas de Lázaro Báez. La solicitud, presentada por referentes políticos, sociales y gremiales cercanos al kirchnerismo, denuncia no solo la situación de salud del imputado, sino también la arbitrariedad del proceso judicial que lo llevó a prisión.

Periotti padece enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y afecciones cardíacas, y según la defensa, cumple con todos los requisitos legales para acceder a una detención domiciliaria con monitoreo electrónico, especialmente considerando que no representa riesgo procesal. Sin embargo, permanece alojado en una cárcel común, sin que la Justicia haya solicitado aún un informe del Cuerpo Médico Forense que permita evaluar su situación sanitaria.

Desde el espacio que promueve el pedido sostienen que su encarcelamiento forma parte de una estrategia de disciplinamiento político, donde el fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación, actúa con “ensañamiento” contra quienes han expresado lealtad hacia Cristina Fernández de Kirchner. En el comunicado difundido en redes sociales, Luciani fue duramente criticado con expresiones que generaron amplia repercusión.

Más allá del caso puntual, los firmantes denuncian una preocupante falta de apego al Estado de derecho, y advierten que la causa Vialidad ya ha generado alarma en organismos internacionales, por sus múltiples irregularidades y el uso político de la justicia para proscribir liderazgos populares. “Los fallos se basan en interpretaciones forzadas, testimonios debilitados y pruebas sesgadas. La Corte Suprema convalidó todo sin siquiera convocar a una audiencia”, afirman.

También remarcan que las decisiones presupuestarias por las que se acusa a Periotti fueron discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional, y que ninguno de los legisladores que votaron a favor de esos presupuestos fue imputado. En paralelo, funcionarios de alto rango de otras áreas del gobierno de entonces fueron convenientemente excluidos del proceso judicial, lo que revela una “direccionabilidad vergonzosa” en la selección de los acusados.

El caso de Periotti se suma al de Julio De Vido, también condenado en esta causa, y que recientemente recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. La diferencia en el tratamiento entre ambos casos, advierten los impulsores del reclamo, solo refuerza la idea de que se está frente a una justicia selectiva y arbitraria.

Mientras tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha recibido presentaciones por presunta violación de garantías en esta causa, y el tema comienza a tener eco en foros internacionales que monitorean el uso del poder judicial como herramienta de persecución política en América Latina.