La UOM lanzó un contraataque judicial y pidió anular la intervención a su seccional de Río Grande

La Unión Obrera Metalúrgica apeló la medida dictada por la Justicia y denunció que el fallo, firmado por jueces afines a la reforma laboral oficialista, atenta contra la autonomía de los trabajadores y vulnera las garantías constitucionales de libertad sindical.

El conflicto institucional dentro de la Unión Obrera Metalúrgica escaló drásticamente hacia el terreno de los tribunales tras la decisión de la conducción nacional de rechazar la intervención de su seccional de Río Grande, en Tierra del Fuego. A través de un extenso recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los abogados del sindicato conducido por Abel Furlán solicitaron formalmente la declaración de nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la medida. La presentación judicial de los metalúrgicos argumenta de manera tajante que la resolución carece de sustento legal válido y representa una intromisión arbitraria del Poder Judicial en la vida democrática e interna de las organizaciones de los trabajadores, saltándose los procedimientos orgánicos establecidos en el estatuto gremial.

El detonante que reavivó la confrontación fue el fallo firmado por la Sala X del tribunal de apelaciones laborales, un cuerpo judicial que ha sido fuertemente cuestionado por la dirigencia del movimiento obrero. Desde el Departamento Jurídico de la UOM apuntaron directamente contra los magistrados actuantes, señalando que son los mismos jueces que previamente habían convalidado diversos aspectos de la reforma laboral del gobierno, lo que a los ojos del sindicato evidencia una falta de imparcialidad y una clara animosidad política. Los representantes metalúrgicos denunciaron que la intervención impuesta busca debilitar la capacidad de resistencia del gremio y castigar su postura de firme oposición a los cambios normativos que promueve el Poder Ejecutivo, utilizando los fallos de la justicia laboral como un mecanismo disciplinador contra los dirigentes que defienden los convenios colectivos tradicionales.

El planteo de la UOM se enfoca en que la resolución judicial vulnera abiertamente los principios fundamentales de la libertad sindical y el modelo de autonomía amparado por la normativa nacional e internacional. En su escrito de apelación, la organización metalúrgica destacó que los conflictos internos de representación o las diferencias de criterios administrativos entre las filiales y la conducción central deben resolverse a través de los mecanismos internos del gremio y de los congresos nacionales de delegados, sin que el Estado o la justicia tengan la potestad de desplazar a las autoridades elegidas por el voto directo de los afiliados. Desde el sindicato advirtieron que convalidar este tipo de intervenciones sienta un precedente sumamente peligroso para el conjunto de las organizaciones sindicales del país, abriendo la puerta a que cualquier disidencia local sea instrumentalizada en los juzgados para desarticular los esquemas de organización laboral.

A la espera de una resolución por parte de las instancias judiciales superiores, la conducción de la UOM se declaró en estado de alerta y movilización en todas las seccionales del país para respaldar a la seccional fueguina. La cúpula metalúrgica advirtió que no descarta la implementación de un plan de lucha a nivel nacional que combine medidas de fuerza en las plantas industriales con la profundización de la batalla legal. Los dirigentes insistieron en que el gremio mantendrá su cohesión interna frente a lo que consideran un embate integral del sector corporativo y judicial, ratificando su compromiso de utilizar todos los recursos constitucionales disponibles para salvaguardar la independencia de la institución frente a las presiones políticas.