Condenas en la causa Vialidad a Trabajadores de Vialidad

El fallo que condenó a varios exfuncionarios y empleados de Vialidad Nacional en el marco de la causa conocida como “Vialidad” generó desde sus inicios múltiples cuestionamientos. A pesar de haber sido presentada como la “causa madre” de la corrupción kirchnerista, el juicio no logró acreditar la existencia de sobreprecios ni irregularidades técnicas significativas en la ejecución de obras públicas en Santa Cruz. Las condenas se apoyaron principalmente en una auditoría parcial y en testimonios que, en muchos casos, fueron desmentidos por sus propios autores o por pericias independientes.

La auditoría de Iguacel, base cuestionada

La pieza clave sobre la que se construyó toda la acusación fue una auditoría impulsada por Javier Iguacel, exinterventor de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Aunque fue utilizada para denunciar sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y obras inconclusas, el propio informe técnico elaborado por ingenieros de la DNV determinó que no existían desvíos patrimoniales relevantes. El perito Justo Pastor Romero, uno de sus autores, declaró en el juicio que no entendía cómo se había usado ese informe para formular una acusación penal, y aclaró que no se detectaron obras inexistentes ni pagos por tareas no ejecutadas.

A esto se suma el hecho de que la auditoría se concentró exclusivamente en la provincia de Santa Cruz, sin revisar obras similares en otras jurisdicciones, lo que refuerza la sospecha de una intencionalidad política en la construcción del caso.

Empleados con funciones técnicas, condenas desproporcionadas

Entre los condenados se encuentran trabajadores de carrera en Vialidad Nacional que ocuparon roles técnicos o administrativos, sin capacidad de decisión sobre adjudicaciones, contratos ni manejo de fondos. Tal es el caso de Raúl Daruich, condenado a tres años y medio de prisión pese a que su función como jefe del Distrito 23 se limitaba a tareas de supervisión. La defensa sostuvo que no hubo pruebas que lo vincularan directamente con ninguna maniobra irregular.

Lo mismo sucede con Mauricio Collareda, condenado a cuatro años de prisión. Su defensa alegó que no intervino en procesos licitatorios ni en la gestión de fondos, y que las acusaciones se sostuvieron en declaraciones como la de Iguacel, sin respaldo documental ni evidencia técnica.

En el caso de Raúl Pavesi, exadministrador de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, la condena fue de cuatro años y medio. Su defensa presentó auditorías externas realizadas durante el gobierno de Macri que validaron la calidad de las obras y desmintieron la idea de que se tratara de trabajos «ficticios» o con falencias graves. Pavesi solicitó recientemente cumplir la pena en prisión domiciliaria por razones de salud.

Un proceso de “responsabilidad en cadena”

Los argumentos de las defensas, sumados al contenido de la propia auditoría técnica, muestran una tendencia judicial preocupante: la condena por «responsabilidad en cadena», es decir, atribuir delitos a funcionarios intermedios por el solo hecho de haber ocupado cargos durante una gestión determinada. Sin pruebas específicas ni beneficio personal, muchos de ellos fueron alcanzados por condenas que, lejos de basarse en evidencia concreta, parecen responder a una lógica política.

La causa Vialidad dejó en evidencia una serie de inconsistencias judiciales que afectan no solo a figuras políticas de alto perfil, sino también a trabajadores y técnicos de Vialidad que cumplieron sus funciones conforme a la normativa. El accionar judicial, basado en pruebas cuestionadas, selectividad territorial y una presunción de culpabilidad sin fundamentos técnicos sólidos, sienta un precedente preocupante para quienes desempeñan funciones públicas y demuestra la necesidad urgente de garantizar procesos judiciales imparciales y ajustados al derecho.