El anuncio ministerial sobre la apertura de sobres para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones consolida un giro doctrinal en la administración de la infraestructura pública, donde la conectividad territorial queda supeditada a la rentabilidad comercial. El proyecto oficial prevé delegar la explotación y el mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a consorcios privados bajo la premisa de una inversión con costo cero para el erario estatal. Este esquema de privatización vial, que abarca corredores estratégicos en once provincias, desplaza el criterio histórico del camino como un bien social y estratégico necesario para el desarrollo integrado, reemplazándolo por la lógica del beneficio corporativo. Al transferir la gestión de las calzadas a empresas que persiguen márgenes de ganancia a través del cobro de peajes, la planificación de la red de transporte abandona su función de cohesión geográfica y pasa a regirse exclusivamente por el volumen de tránsito y el retorno financiero.Esta matriz de concesión privada encierra una asimetría estructural que amenaza con profundizar el aislamiento de las regiones periféricas del país. Al quedar la inversión en manos del mercado, aquellos tramos viales de menor densidad vehicular pero de alta relevancia para el arraigo local, las economías regionales o el acceso a servicios esenciales corren el riesgo de ser excluidos del mantenimiento básico por no resultar rentables. El nuevo modelo subvierte un consenso social de largo alcance que asimilaba la infraestructura vial, junto a la salud, la educación y la comunicación, a derechos colectivos fundamentales cuya provisión y calidad deben ser garantizadas por el Estado independientemente de su rendimiento pecuniario. Al mercantilizar el derecho a transitar, el Estado abdica de su rol de planificador estratégico y árbitro del bien común, dejando la integración física del territorio a merced de balances contables y transformando los caminos públicos en un negocio exclusivo de pocos operadores Navegación de entradas La ANSV intimó a retirar más de 150 radares ilegales en el país y se reaviva la polémica por el dispositivo de la Ruta 168 en Santa Fe
