Puentes en peligro en todo el país

El deterioro de los puentes dependientes de Vialidad Nacional ha alcanzado un umbral de vulnerabilidad que compromete la seguridad pública en puntos estratégicos del país.

Lo que se observa en distritos como Córdoba, Santa Fe y la región del Comahue no son fallas aisladas, sino la consecuencia de una parálisis operativa y técnica del organismo rector de las rutas argentinas. La falta de mantenimiento preventivo y correctivo en estructuras clave ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una amenaza directa a la integridad física de quienes transitan la red federal. Esta situación se agrava por el desmantelamiento del capital humano especializado, cuya ausencia impide la aplicación de protocolos de inspección esenciales para la estabilidad de las obras.

El caso del puente sobre el Río Colorado en la Ruta 22 es uno de los indicadores más alarmantes de esta crisis. El incremento del tránsito pesado vinculado a la actividad hidrocarburífera ha sometido a la estructura a esfuerzos de carga superiores a su diseño original, provocando deformaciones visibles en las juntas de dilatación y fatiga en las vigas principales.

Un escenario similar se registra en Córdoba, donde el cierre de sedes operativas y la falta de presupuesto han reducido las intervenciones a reparaciones de emergencia que carecen de sustento técnico a largo plazo. Son muchas las voces de trabajadores viales en esa provincia que en off advierten que el estado general de los puentes es una trampa que pronto será una catástrofe.

A esto se suman situaciones críticas como la del Puente sobre el río Carcarañá en Santa Fe, donde la dependencia de las demoras burocráticas evidenciaron la incapacidad del Estado para ejecutar soluciones urgentes en pasos de alto flujo vehicular.

Incluso en el complejo Zárate-Brazo Largo, los daños estructurales derivados de incidentes fluviales recientes, como el choque de un buque en uno de sus pilares o el incendio reciente que afectó a los tensores y mantienen el tránsito desviado hacia el puente Rosario Victoria, requieren peritajes de profundidad que la actual capacidad operativa del organismo difícilmente pueda garantizar con el rigor necesario.

La crisis de infraestructura es indisociable del proceso de vaciamiento institucional que atraviesa Vialidad Nacional. La decisión de dilatar las negociaciones paritarias y la implementación de programas de retiro voluntario han resultado en la desvinculación de más de 600 agentes con alta capacitación técnica. La pérdida de estos perfiles afecta directamente la cadena de mando de inspección, que por protocolo debe cumplir con estándares estrictos de revisión.

Una inspección técnica profesional de puentes exige el análisis de la socavación de pilares mediante relevamientos subacuáticos, el monitoreo de la corrosión en las armaduras internas y ensayos de carga para verificar la respuesta elástica de los materiales. Sin el personal calificado para firmar y supervisar estos procedimientos, el monitoreo del estado real de los puentes queda en un vacío administrativo que eleva exponencialmente el riesgo de fallas catastróficas.

El enfoque gubernamental que prioriza la reducción del gasto y la evaluación del impacto económico por sobre la preservación de la infraestructura ignora la función primaria del Estado: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Si bien la conectividad es vital para la economía y el producto bruto, la prioridad jerárquica debe ser la prevención de incidentes viales derivados de negligencia técnica. Un puente cuya fundación ha sido comprometida por la erosión o cuya estructura presenta fatiga no ofrece advertencias previas antes de un colapso.

La persistencia en desarmar la estructura de Vialidad Nacional constituye una omisión de responsabilidades básicas. La seguridad vial en Argentina se sostiene hoy sobre infraestructuras debilitadas y un organismo que, despojado de sus recursos técnicos y humanos, ya no puede asegurar la estabilidad de las conexiones que unen al país.