El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, denunció que la Nación mantiene paralizados los arreglos y se niega a ceder la jurisdicción de las trazas que atraviesan la provincia.

El conflicto por el mantenimiento de las rutas nacionales en territorio santafesino ha escalado tras las declaraciones del ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, quien confirmó haber gestionado doce pedidos formales de audiencia ante las autoridades de Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía sin obtener soluciones concretas.

El eje del reclamo provincial se centra en el estado crítico de arterias fundamentales como las rutas 33, 34, 11, 8 y 178, donde la falta de bacheo y repavimentación ha multiplicado los riesgos de siniestralidad. Ante la inacción del Gobierno Nacional, la provincia ha solicitado formalmente la cesión de la jurisdicción de estas trazas para intervenirlas con recursos propios, pedido que hasta el momento no ha sido procesado.

La parálisis de la obra pública nacional en Santa Fe afecta tramos estratégicos para el transporte de la cosecha hacia el complejo portuario del Gran Rosario. Según los informes técnicos del ministerio provincial, el deterioro de la calzada en corredores como la Ruta 11 ha llegado a niveles de intransitabilidad en sectores específicos, donde la ausencia de mantenimiento preventivo ha derivado en la formación de cráteres y descalce de banquinas. El ministro Enrico señaló que la postura de la administración nacional no solo detiene las obras nuevas, sino que también interrumpe las tareas de conservación básica, delegando en el gobierno provincial la responsabilidad de asistir en emergencias viales sobre jurisdicciones ajenas.

Esta situación de desatención administrativa coincide con la drástica caída en la inversión real directa para la función Transporte observada en el presupuesto nacional de 2025. Los datos de la Oficina Nacional del Presupuesto indican que los fondos destinados a la infraestructura vial han sufrido un recorte tal que hoy representan apenas el 20% de lo que se invertía en el periodo 2021-2023. Esta retracción de partidas presupuestarias explica la falta de respuesta a los reiterados viajes y gestiones de los funcionarios provinciales, quienes advierten que el costo de reparación de las rutas aumenta exponencialmente a medida que el daño estructural avanza sin intervención.

Mientras el Gobierno Nacional mantiene su política de restricción de gasto y centralización de decisiones, las comunas y municipios santafesinos registran un incremento en los accidentes de tránsito vinculados directamente al mal estado del asfalto. La negativa a ceder las rutas para que la provincia se haga cargo de su mantenimiento operativo profundiza el escenario de riesgo en rutas nacionales que soportan el paso de miles de camiones diariamente. Las gestiones de la cartera de Obras Públicas continuarán en la órbita administrativa, en un contexto donde la falta de interlocutores válidos en Nación deja a los corredores santafesinos sin un plan de bacheo o señalización para el presente año.

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