La senadora provincial Leticia Di Gregorio denunció la ausencia de mantenimiento en arterias clave para la producción, señalando el peligro inminente para quienes transitan la región.

El estado de las rutas nacionales 8 y 33 ha vuelto al centro de la agenda política tras las declaraciones de la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, quien calificó la situación como un «abandono total» por parte de las autoridades nacionales. Estos corredores, fundamentales para el traslado de la producción agroindustrial hacia los puertos del sur provincial, presentan baches profundos, banquinas descalzadas y una señalización deficiente que aumenta el riesgo de siniestros viales de forma diaria. La falta de inversión en estas trazas no es un hecho aislado, sino que forma parte de la parálisis generalizada de la obra pública nacional que afecta a los principales nodos logísticos del interior.

En el caso de la Ruta 33, el deterioro es particularmente crítico en el tramo que conecta Venado Tuerto con Rosario, una vía que soporta un flujo constante de transporte pesado. Las promesas de transformación en autopista o de mejoras estructurales han quedado suspendidas, dejando a los conductores frente a una calzada que no recibe las tareas de mantenimiento preventivo necesarias para su operatividad segura. Desde la senaduría se ha instado al Gobierno Nacional a que transfiera la jurisdicción de estas rutas a la provincia o que asigne de manera urgente los fondos para bacheo, ante la evidencia de que la desinversión está derivando en incidentes evitables.

La Ruta 8 también muestra signos de degradación en sus capas de rodamiento, con deformaciones que dificultan la estabilidad de los vehículos menores, especialmente en días de lluvia. La senadora Di Gregorio enfatizó que no se trata de una cuestión estética o de comodidad, sino de una emergencia de seguridad vial que afecta a miles de ciudadanos que utilizan estos caminos para trabajar o estudiar. Hasta el momento, Vialidad Nacional no ha presentado un plan de contingencia ni ha retomado las obras que fueron neutralizadas a partir del cambio de gestión presupuestaria a nivel central.

La insistencia en el reclamo busca visibilizar una realidad compartida por varios departamentos de Santa Fe, donde la infraestructura vial ha quedado fuera de las prioridades de gasto del Poder Ejecutivo nacional. Mientras los informes técnicos de la provincia alertan sobre el colapso inminente de ciertos tramos, la respuesta desde Buenos Aires se mantiene en la órbita de las restricciones fiscales. Las comunidades locales y las entidades productivas del sur santafesino continúan registrando las deficiencias en el asfalto, mientras el tránsito se desplaza por rutas que ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la ley.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *