Decreto 253: Denuncian la inconstitucionalidad del traspaso de rutas y el cobro de nuevos peajes

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó una postura de firme rechazo frente al Decreto 253/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispone la provincialización de diversos tramos de la Red Vial Nacional. La entidad calificó la medida como «ilegal, inconstitucional e inoportuna», advirtiendo que la transferencia de la jurisdicción de las rutas sin una ley formal del Congreso vulnera principios básicos del sistema republicano y representa un abandono de las obligaciones indelegables del Estado Nacional en materia de infraestructura.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento radica en la habilitación del financiamiento mediante peajes directos en las rutas transferidas. Según el comunicado del CONADUV, esta iniciativa transgrede el artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual otorga exclusivamente al Poder Legislativo la potestad de crear tributos. En este sentido, la organización advirtió que el sistema propuesto constituye un «impuesto encubierto», al imponer una carga económica obligatoria a los usuarios sin el respaldo legal correspondiente ni las garantías de una contraprestación efectiva.

La entidad también puso el foco en la violación al federalismo que implica esta medida. Se denunció que el Gobierno Nacional traslada la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad vial a las provincias, pero no transfiere los recursos presupuestarios necesarios para sostener dichas tareas. Esta situación obligaría a las administraciones provinciales a implementar cobros adicionales, generando una «doble imposición» para el ciudadano que ya abona el Impuesto a los Combustibles, cuyos fondos —originalmente destinados al mantenimiento vial— no están siendo derivados a su fin específico.

En términos jurídicos, el CONADUV recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que el peaje solo es constitucional si funciona como una tasa vinculada a una prestación proporcional y directa. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, no existen garantías de que lo recaudado se traduzca en mejoras reales de la calzada, transformándose en una forma de financiamiento general que restringe el derecho constitucional a circular libremente y afecta el derecho de propiedad de los usuarios y productores regionales.

Finalmente, el organismo alertó sobre las consecuencias negativas que este escenario de desatención inducida tendrá sobre la logística productiva y la seguridad vial. Al fragmentar la gestión de la red troncal, se compromete la transitabilidad y se incrementan los costos de transporte, afectando la competitividad de las economías regionales. Para el CONADUV, el Decreto 253 no representa una solución federal, sino una estrategia de deslinde de responsabilidades por parte de la Nación que deja la infraestructura estratégica del país en un estado de vulnerabilidad jurídica y operativa.