Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público nacional cayó un 31% en términos reales respecto al mismo período de 2023. La contracara del ajuste es el incremento del presupuesto en áreas de control político y seguridad: la Secretaría de Inteligencia aumentó su ejecución un 35%, mientras que el peso de la deuda pública se mantiene en torno al 9% del total. El estudio, basado en datos oficiales de la ejecución presupuestaria hasta septiembre, muestra una contracción generalizada en casi todos los sectores sociales, científicos y productivos. En el área de Salud, las partidas destinadas a hospitales nacionales se redujeron entre 30% y 38%, el Instituto Malbrán un 22%, y la ANMAT un 28%. En Ciencia y Tecnología, la situación no es mejor: el CONICET perdió un 30% de su financiamiento, mientras que los fondos para la Promoción de la Investigación Científica se desplomaron un 83% y el Servicio Meteorológico Nacional sufrió un recorte del 35%. La Educación pública aparece entre las áreas más afectadas. Programas estratégicos como Conectar Igualdad fueron eliminados por completo (-100%), mientras que las becas estudiantiles cayeron un 77% y la formación docente un 79%. Desde los gremios del sector advierten que el vaciamiento educativo “marca un retroceso de más de una década en inclusión y acceso a la tecnología”. En el plano social, el panorama es aún más grave: los recursos para políticas de niñez se redujeron 72%, los comedores comunitarios un 63% y las partidas para economía social fueron directamente anuladas. Las organizaciones denuncian que miles de comedores dejaron de recibir alimentos y que los programas de trabajo autogestivo “fueron barridos del presupuesto”. Por último, la infraestructura pública muestra caídas de hasta 100%, paralizando obras en hospitales, escuelas, rutas y viviendas. Según el CEPA, “el ajuste se concentra sobre las áreas que sostienen derechos, mientras se preservan y aumentan las partidas de control político, deuda y seguridad”. En el cierre del informe, el centro de estudios advirtió que esta política de recorte “no es transitoria ni técnica, sino ideológica: busca desmontar el Estado social y reconfigurarlo como garante del poder financiero”. En nombre del equilibrio fiscal, el gobierno de Milei avanza con un ajuste que no equilibra las cuentas, sino que desmantela derechos. Navegación de entradas Ola de recursos de amparo y demandas judiciales exigen a Vialidad Nacional reparaciones urgentes en rutas ante riesgos para la vida Crisis vial en Argentina: La DNV acumula incumplimientos a fallos judiciales y profundiza el abandono
