La batalla judicial de la Provincia de Bs As ante la exclusión ideológica de Nación

Tras ser marginada de la licitación de corredores viales nacionales bajo argumentos que tildan de irrisorios, AUBASA agota las instancias administrativas para iniciar un litigio que expone el choque de modelos entre la gestión bonaerense y el plan de desguace estatal de Javier Milei.

La decisión del Gobierno Nacional de excluir a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. de la licitación para la Red Federal de Concesiones ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en el epicentro de una disputa que trasciende lo técnico y se asienta en lo doctrinario.

La exclusión de la firma pública bonaerense de la Etapa II del concurso, que incluye arterias vitales como las rutas nacionales 3, 205 y 226, es interpretada desde la administración de Axel Kicillof no como un error de procedimiento, sino como una decisión política deliberada para impedir que un modelo de gestión estatal eficiente compita con la visión de privatización y desguace del patrimonio público.

José Arteaga, titular de la empresa provincial, ha sido contundente al señalar que la negativa de la Nación a admitir la oferta de AUBASA carece de fundamentos lógicos y se apoya en premisas falsas que serán el eje central de un inminente litigio judicial representado por la Fiscalía de Estado.

El argumento esgrimido por la gestión central para desestimar a la provincia se basó en una supuesta falta de capacidad de obra por parte de la empresa, una afirmación que colisiona frontalmente con la realidad operativa de una firma que hoy sostiene múltiples frentes de trabajo y cumple con planes de inversión estratégica. Sin embargo, el trasfondo de esta negativa parece residir en la «vocación de desguace» que el gobierno de Javier Milei ha demostrado sobre Vialidad Nacional y los corredores viales en general. Al vedar la participación de una concesionaria pública con experiencia comprobada, la Nación parece priorizar una alineación ideológica que rechaza cualquier forma de intervención estatal, incluso cuando esta se presenta como una solución de idoneidad y conectividad para los sectores productivos, los puertos y los parques industriales. Esta exclusión arbitraria no solo afecta la autonomía de la provincia para proyectar su logística, sino que también pone de manifiesto una peligrosa tendencia donde la legalidad administrativa se dobla frente a los dogmas de mercado.

La judicialización del conflicto aparece entonces como la única vía para frenar un proceso que la Provincia considera viciado. La instrucción de Kicillof ha sido clara: defender la potestad del Estado bonaerense para gestionar su propia infraestructura frente a un deterioro nacional que ya muestra signos alarmantes de falta de mantenimiento y aumento de la accidentología. El futuro litigio buscará demostrar que AUBASA no solo estaba técnicamente calificada para administrar las rutas mencionadas, sino que su exclusión vulnera principios básicos de igualdad ante la ley en procesos licitatorios. Mientras la Nación avanza en su plan de Red Federal con una impronta estrictamente privada, la Provincia se prepara para una batalla legal que pondrá a prueba los límites de la discrecionalidad estatal. En este escenario, la disputa por las rutas 3, 205 y 226 se transforma en el caso testigo de una gestión que prefiere dejar el camino al vacío antes que permitir que el Estado demuestre su capacidad de gestión eficiente.