Crisis vial en Argentina: La DNV acumula incumplimientos a fallos judiciales y profundiza el abandono

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) enfrenta una avalancha de críticas por su sistemática negación a cumplir con fallos judiciales que le ordenan intervenciones urgentes en las rutas bajo su jurisdicción, en un contexto de deterioro vial sin precedentes que pone en jaque la transitabilidad y la seguridad de miles de usuarios diarios.

En los últimos meses, tribunales federales de todo el país han emitido resoluciones que exigen reparaciones inmediatas en corredores clave, pero la entidad estatal ha respondido con dilaciones, negaciones y, en algunos casos, con argumentos que desestiman la gravedad de las condiciones, exacerbando una crisis que ya registra menos del 50% de las rutas nacionales en buen estado y un impacto directo en las economías regionales golpeadas por la recesión.

Ejemplos de esta inacción abundan: en septiembre, la Justicia de Santa Fe ordenó a la DNV tomar medidas urgentes para reparar la Ruta Nacional 11, un eje vital para el transporte de granos y pasajeros, ante el riesgo inminente de accidentes por baches y falta de señalización, pero hasta la fecha no se evidencia avance alguno en las obras.

Semanas antes, en Chubut, un fallo federal obligó a la entidad a inspeccionar y restaurar tramos críticos de la Ruta 40 en un plazo de 60 días, destacando el peligro para la vida humana en zonas de alta accidentabilidad, sin que se haya reportado cumplimiento.

En Río Negro, Formosa y Buenos Aires, sentencias similares exigen la rehabilitación de las Rutas 151, 11, 81, 86 y 9, respectivamente, con énfasis en la vulneración de derechos constitucionales a la seguridad vial, pero la DNV ha optado por apelaciones dilatorias o simples desmentidos, como en el caso de la Ruta 3 en Azul, donde negó «daños significativos» pese a evidencias fotográficas de hundimientos y fisuras que han causado múltiples siniestros.

Esta ola de recursos de amparo, que supera las dos docenas en lo que va del año, refleja un patrón de desobediencia que la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEDEVIAL) califica de «autoritario y persecutorio», agravado por el desmantelamiento parcial del organismo mediante el fallido Decreto 461/2025.

El deterioro, pocas veces visto en su magnitud, alcanza niveles insostenibles: hasta abril de 2025, la ejecución de nuevas rutas apenas rozó el 0,1%, la repavimentación el 2,7% y el mantenimiento general se desplomó un 7,4% respecto a 2022, dejando el 53% de la red vial en condiciones precarias o críticas, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En provincias como Salta y La Pampa, el abandono ha paralizado el flujo de mercaderías, con pérdidas estimadas en millones de pesos semanales para el agro y la industria local, en un país ya sumido en una crisis económica que reduce el PBI provincial en hasta un 15% por ineficiencias logísticas.

La negación a permitir intervenciones provinciales agrava el panorama: gobernadores de Santa Fe y Río Negro han denunciado que la DNV bloquea cualquier asistencia local, argumentando jurisdicción exclusiva, lo que obliga a municipios a asumir costos que no pueden afrontar en medio de recortes presupuestarios nacionales, afectando no solo la circulación de bienes y servicios, sino también el acceso a salud y educación en zonas rurales.

A esta ecuación se suman el desfinanciamiento crónico y la persecución sindical, que pintan un cuadro alarmante para un gobierno que no ha cumplido ni la mitad de su mandato. La retención del 42% del presupuesto 2024 para Vialidad, redirigido a subsidios privados y otras partidas, ha dejado sin recursos esenciales para maquinaria y personal, mientras el gremio FEDEVIAL reporta sumarios contra delegados por reclamos salariales –un año sin paritarias– y despidos masivos en distritos como Entre Ríos y La Pampa, donde se acusa a autoridades de «persecución sistemática» para silenciar protestas por condiciones laborales precarias.

Expertos en infraestructura advierten que este modelo, centrado en la disolución parcial de la DNV y la privatización selectiva, no solo ignora obligaciones constitucionales –como el artículo 75 inciso 22 que manda proteger la integridad física–, sino que amenaza la conectividad nacional, con proyecciones de un aumento del 20% en siniestros fatales para fin de año si no se revierte la inacción.

En un país donde las rutas son la «columna vertebral» del desarrollo, como las define el propio sector gremial, surge la interrogante ineludible: ¿es sostenible este esquema sin poner en riesgo la circulación de bienes, servicios y personas, o estamos ante el preludio de una emergencia vial que el Congreso deberá declarar para evitar un colapso mayor? Mientras tanto, usuarios y productores regionales exigen respuestas urgentes, en un debate que trasciende lo técnico y toca el corazón de la soberanía territorial.

Marcelo Bertolotti – Secretario General del Personal de Vialidad del 7° Distrito