Persecución y vaciamiento en Vialidad: denuncian que el ajuste se usa para castigar a los gremios

Diputados del PJ entrerriano alertaron sobre la paralización total del distrito Vialidad Nacional en la provincia y denunciaron persecución contra los trabajadores que se oponen al desguace del organismo. Mientras Milei promete eficiencia, lo que avanza es la represión y el abandono de la obra pública.

El bloque “Más para Entre Ríos” de la Cámara de Diputados provincial expresó su preocupación por la situación crítica de Vialidad Nacional, que atraviesa una parálisis casi total en la provincia. Denunciaron que el gobierno nacional “desmantela el organismo mientras persigue a los delegados gremiales que se animan a defenderlo”.

En un encuentro con representantes de los trabajadores, los legisladores remarcaron que el distrito Entre Ríos “no tiene fondos, no paga a proveedores, no ejecuta obras y mantiene a su personal bajo amenaza”. Desde el gremio, los viales aseguran que se trata de una persecución política y sindical impulsada desde Buenos Aires para disciplinar a los sectores que enfrentaron el decreto 461/25, con el que el Ejecutivo intentó eliminar la Dirección Nacional de Vialidad.

“Quieren hacer desaparecer a Vialidad para entregarle las rutas al sector privado, y mientras tanto nos hostigan, nos desplazan y frenan todos los proyectos”, señaló un trabajador durante la reunión, según consignaron los diputados. “No es ajuste, es revancha contra quienes defendimos lo público”, agregó.

Los legisladores, entre ellos Juan Navarro y Néstor Loggio, advirtieron que la provincia cuenta con más de 2.000 kilómetros de rutas nacionales en estado crítico, y que el abandono deliberado pone en riesgo la seguridad vial y el trabajo de cientos de familias. “Estamos ante un proceso de vaciamiento que tiene dos objetivos: transferir recursos al sector privado y castigar a los trabajadores organizados”, alertaron.

Desde el bloque peronista recordaron que Vialidad Nacional viene sufriendo un recorte presupuestario brutal, que impide pagar salarios dignos, mantener equipos, ni mucho menos sostener obras en marcha. “No hay fondos ni para el combustible de las máquinas, pero sí hay plata para financiar rutas privatizadas”, ironizó un diputado, en referencia a la reciente decisión del gobierno de Milei de financiar con dinero estatal la llamada Ruta del Mercosur, que será concesionada a empresas privadas.

“Este no es un gobierno que achica el Estado: es un gobierno que lo entrega”, resumió uno de los legisladores presentes. Y agregó: “Están usando el ajuste como herramienta de persecución política. A los trabajadores que defienden lo público los acusan, los desplazan y los silencian”.

Mientras tanto, las rutas se deterioran, los equipos quedan abandonados y los empleados resisten en condiciones cada vez más precarias. En Vialidad Nacional, el discurso de la “eficiencia” se traduce en despidos, hostigamiento y rutas que se rompen sin que nadie las repare.