Gobierno recibe siete ofertas por concesiones viales

El gobierno nacional abrió la licitación de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones Viales y ya recibió siete propuestas de empresas interesadas en hacerse cargo de 741 kilómetros de rutas nacionales repartidas entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Esa etapa incluye los corredores Oriental y Conexión, que abarcan rutas como la 12, 14, 135, A-015, 117 y 174, junto con el puente Rosario-Victoria.

El esquema de financiamiento contempla aportes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE): hasta 56.000 millones de pesos, lo que correspondería al 70 % del costo de cada contrato, bajo condiciones de tasa UVA +2 %, con plazos de seis años y un año de gracia. Las empresas que presentaron ofertas son firmas con trayectoria en obras públicas: Autovías Construcciones y Servicios S.A., Benito Roggio e Hijos S.A., Coyserv S.A., Obring S.A., Panedile Argentina y Rovella Carranza S.A.

Los contratos de concesión tendrán una duración de entre 20 y 30 años, incluyendo explotación por peaje. Desde el oficialismo se celebró el avance. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su cuenta de X las ofertas recibidas, y el ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó que esto implicaría “terminar con el despilfarro, la corrupción y el abandono de la obra pública”.

Sin embargo, la frase de que “el sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado” generó preocupación entre quienes advierten que la historia argentina de gestión vial tiene numerosos ejemplos de fracaso privado, retrasos, peajes costosos, mantenimiento deficiente o litigios prolongados.

Quienes cuestionan la política señalan varios riesgos concretos: que la calidad de ejecución dependa esencialmente de lo que exijan los pliegos, que haya pocas garantías de cumplimiento, que los usuarios paguen mucho más por los peajes, que el mantenimiento pueda flaquear si los ingresos no alcanzan, y que el Estado siga asumiendo riesgos financieros o sociales (por ejemplo, cierres de tramos o reducción de servicios). También se pone en duda si la reducción del gasto estatal en obras o mantenimiento, promesa oficial, no se traduce en deterioro vial si los privados no invierten lo prometido.

El nuevo modelo implicará la disolución de la empresa pública Corredores Viales S.A., creada en 2018, para dejar paso al sistema concesionario.

Durante la licitación, además, el gobierno cedió a algunos reclamos – por ejemplo, ajustes en los pliegos o condiciones de financiamiento – para lograr que empresas se presentaran.

El debate ya no es sólo sobre quién construye o mantiene, sino sobre quién controla, quién recibe beneficios reales, cómo se distribuyen los costos, y qué sucede cuando los negocios pasan a manos privadas pero dependen de normas, regulaciones, y respaldo estatal.