Un informe del Instituto Argentina Grande revela cómo la falta de inversión en vialidad multiplica por diez los gastos futuros

El informe pone en evidencia el impacto económico y social de no mantener las rutas en Argentina. Según el documento, el costo anual para conservar el sistema vial nacional y provincial ronda los 4.213 millones de dólares, una cifra que se multiplica por diez si se deja deteriorar la infraestructura, alcanzando los 40.773 millones de dólares para su recuperación. Para las rutas nacionales en particular, la reconstrucción demandaría 23.240 millones de dólares. Estas cifras destacan cómo la desinversión actual genera un círculo vicioso que recae sobre los hombros de los contribuyentes y pone en jaque la seguridad de quienes transitan diariamente por estas vías, muchos de ellos trabajadores que dependen de ellas para su sustento.

El estudio, basado en datos de la Dirección Nacional de Vialidad y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), muestra un deterioro acelerado en los últimos años. En 2024, el 29% de las rutas nacionales estaban en mal estado, un aumento del 6% respecto a 2022, cuando el porcentaje era del 23%. Las rutas en buen estado cayeron del 54,9% al 47,5%, mientras que las regulares subieron ligeramente. Esta degradación se debe a una caída del 82% en la inversión pública en términos reales, con un desplome del 75% en el gasto de capital para la red vial entre enero y mayo de 2025 comparado con el mismo período de 2023. El informe critica las políticas del gobierno de Javier Milei, que han frenado el mantenimiento planificado, revirtiendo avances previos y multiplicando los costos futuros.

Desde la mirada de los trabajadores, este abandono tiene consecuencias directas. Los camioneros, agricultores y transportistas que recorren estas rutas enfrentan mayores riesgos de accidentes, con un impacto en su salud y seguridad laboral. En un país donde el desempleo alcanza el 7,9% y la informalidad afecta al 36,3% de la fuerza laboral, la falta de inversión en vialidad también frena el empleo en la construcción y el mantenimiento, sectores que podrían generar miles de puestos si se priorizara el cuidado preventivo. Familias enteras dependen de estas vías para acceder a mercados, escuelas y hospitales; un deterioro que obliga a desvíos o reparaciones de vehículos eleva los gastos cotidianos, erosionando ingresos ya golpeados por una inflación acumulada del 15,1% en 2025.

El contexto económico agrava la situación. La recesión iniciada en 2023 por la sequía y desequilibrios macroeconómicos ha cerrado 13.000 pymes en el último año, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dejando a trabajadores sin opciones. En provincias como Santa Fe, donde la actividad económica cayó un 0,5% en mayo según la Bolsa de Comercio local, rutas en mal estado complican el transporte de bienes, afectando cadenas productivas y precios al consumidor. El informe del IAG advierte que «lo barato sale caro», ya que por cada dólar no invertido en mantenimiento, se necesitan diez para reconstruir, un costo que pagan los contribuyentes a través de impuestos o servicios deficientes.

Organizaciones sociales y sindicatos han alzado la voz contra esta desinversión, vinculándola a políticas que priorizan el ajuste fiscal sobre el bienestar colectivo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *