Denuncian que el decreto que eliminó Vialidad Nacional se basó en informes falsos

El gremio vial presentó una solicitud formal al Congreso para que derogue el DNU 461/2025, al tiempo que advirtió que la medida del gobierno se sustenta en documentación sin sustento técnico ni jurídico.

La polémica en torno a la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que el decreto presidencial 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei, se basó en informes “falsos o apócrifos” presentados por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. La organización gremial solicitó formalmente a la Comisión Bicameral del Congreso que interviene en el control de los Decretos de Necesidad y Urgencia que rechace la medida y exija su derogación inmediata.

El escrito fue dirigido al diputado Oscar Zago, presidente de la comisión, y argumenta que la disolución de los organismos viales responde a una operación sin precedentes que pone en riesgo el funcionamiento del sistema de infraestructura nacional.

Según detalló el Secretario general del sindicato santafesino, Marcelo Bertolotti, el decreto carece de una justificación técnica real y omite especificar qué organismo asumirá las tareas que cumplía históricamente Vialidad Nacional, entre ellas la ejecución y el mantenimiento de rutas estratégicas para la conectividad del país.

El reclamo del gremio se suma a la decisión reciente de la Justicia Federal de suspender por seis meses los efectos del DNU, tras aceptar una medida cautelar presentada por otra organización del sector, SEVINA. Aunque la resolución judicial no implica una anulación definitiva, representa un revés para el Ejecutivo, que ya anunció su intención de apelar. La medida fue celebrada por los trabajadores, quienes la consideran una “señal de sensatez” frente a un decreto que, según alegan, no solo carece de fundamentos legales sino que también desconoce el papel histórico del organismo en la integración territorial de la Argentina.

Vialidad Nacional fue creada hace casi un siglo y tiene bajo su responsabilidad más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, además de proyectos de infraestructura clave para el desarrollo económico regional. En la actualidad, el organismo cuenta con más de 5.000 empleados, distribuidos en todo el país, cuya labor técnica y operativa ha sido reconocida incluso por gestiones anteriores que promovieron auditorías sin hallazgos de corrupción sistémica.

El decreto 461/2025 fue presentado por el gobierno como parte del proceso de “reducción del Estado y eliminación de estructuras innecesarias”. Sin embargo, desde el sindicato señalan que la iniciativa constituye un intento deliberado de desmantelar áreas clave del Estado, sin un plan de reemplazo ni garantía de continuidad institucional. En la carta enviada al Congreso, los viales advierten que esta desarticulación pone en riesgo la seguridad vial, el mantenimiento de rutas y la ejecución de obras estratégicas en zonas productivas y regiones aisladas.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la medida responde a una necesidad de reordenamiento administrativo y de lucha contra la supuesta ineficiencia estatal. Sin embargo, los trabajadores remarcan que no existen pruebas que acrediten malversación o inoperancia en los organismos eliminados, y que la única motivación parece ser ideológica y fiscalista. El conflicto ahora se traslada al plano legislativo y judicial, donde se definirá si el decreto puede sostenerse o si, como reclaman los sindicatos, debe ser anulado por atentar contra derechos laborales, la institucionalidad estatal y la seguridad de millones de argentinos que dependen de una red vial funcional.