Sin ejecución de Presupuestos en Vialidad

Mientras los recursos existen en el papel, las rutas se deterioran, los trabajadores ven reducidas sus tareas y la sociedad paga con accidentes lo que el Estado Nacional ahorra en inversión pública.

El presupuesto vial nacional 2024 reflejó, al cierre del tercer trimestre, una ejecución de apenas el 45,3 % del total asignado. Lo preocupante no es solo ese dato —que ya de por sí representa un freno alarmante a la obra pública—, sino que el 2025 marcha por el mismo camino: a mayo de este año, la ejecución acumulada no supera el 43 %, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto. Es decir, el Estado Nacional tiene el dinero, pero no lo transforma en obra ni en trabajo.

Para quienes integramos Vialidad en el 7° Distrito, esto no es una cifra abstracta. Significa rutas que no se reparan, accesos que no se construyen, equipos técnicos que no salen al territorio, y jornadas laborales cada vez más acotadas. El resultado no es solo desocupación encubierta: es inseguridad vial. Porque cuando las rutas se abandonan, la sociedad entera paga el costo en vidas y lesiones evitables. Según datos del Observatorio Vial, más del 30 % de los accidentes graves en zonas interurbanas tienen relación directa con el estado de la calzada o la falta de señalización.

Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa un proyecto de endeudamiento por 100 millones de dólares exclusivamente destinado a sostener la obra pública que la Nación ha dejado caer. Es una decisión riesgosa pero inevitable ante la ausencia del Estado federal. Y deja al desnudo la contradicción: provincias que se endeudan para mantener lo básico, mientras el gobierno nacional guarda los recursos o los destina a otros fines.

El mensaje es claro: no alcanza con anunciar partidas. Si el presupuesto no se ejecuta, no hay rutas, no hay seguridad, no hay trabajo. Desde nuestro lugar como trabajadores organizados, seguimos reclamando lo que es justo: que se active la inversión pública como motor de desarrollo, y que los fondos viales lleguen a donde deben llegar: a las rutas, al territorio, al trabajo concreto.