A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno nacional oficializó una nueva modificación del Presupuesto 2026 que profundiza el recorte sobre áreas críticas del Estado. La medida, que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, dispone la eliminación total de las partidas destinadas al mantenimiento de rutas y otras estructuras viales en todo el territorio argentino. Este ajuste presupuestario impacta además en las transferencias a las provincias y en los fondos para salud y educación, consolidando el esquema de «obra pública cero» que ya ha llevado al 75% de la red vial nacional a un estado de deterioro regular o crítico. La supresión de estos fondos específicos ocurre en un contexto de creciente malestar por la asignación de recursos de la banca pública. Mientras la infraestructura federal se queda sin presupuesto para conservación básica, registros del Banco de la Nación Argentina revelan el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios a funcionarios del oficialismo y legisladores de La Libertad Avanza. Entre los casos más destacados figuran préstamos por $509 millones a Pedro Juan Inchauspe (Director del BCRA), $401 millones a Leandro Massaccesi (Titular del Gabinete de Asesores) y sumas superiores a los $300 millones para secretarios y subsecretarios del área de finanzas y servicios financieros. La eliminación de las partidas viales ratifica la parálisis operativa denunciada por los trabajadores de Vialidad Nacional. Según el espacio multisectorial en defensa de la seguridad vial, el retiro del Estado nacional de sus funciones de mantenimiento no solo compromete la logística productiva, sino que incrementa de forma directa el riesgo de siniestros viales. La decisión administrativa firmada por Adorni y Caputo deja a las provincias sin el flujo de fondos necesario para sostener la transitabilidad, trasladando la responsabilidad del deterioro a las jurisdicciones locales sin transferir los recursos correspondientes. Desde los sectores gremiales y técnicos advierten que la falta de inversión actual generará un pasivo insostenible para el futuro, multiplicando los costos de reconstrucción por la falta de bacheo y mantenimiento preventivo. Mientras los funcionarios de las carteras que ejecutan el ajuste acceden a financiamiento preferencial para viviendas —con casos como el del Director Nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, beneficiado con $133 millones—, las arterias vitales del país quedan desprotegidas por decreto. Navegación de entradas El Gobierno lanza la licitación delos tramos de la Etapa II-B Las Concesiones generarán enormes ganancias que pagarán los usuarios
