El Ministerio de Economía de la Nación formalizó continúa profundizando el proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones, consolidando una política de retiro absoluto del Estado en materia de infraestructura y mantenimiento vial. El argumento oficial se sostiene bajo la premisa de eliminar por completo el financiamiento público y los subsidios estatales para el sector, trasladando los costos operativos directamente a los ciudadanos. Esta decisión del Poder Ejecutivo expone una preocupante realidad sobre el destino de los fondos públicos. Los recursos necesarios para la conservación y reparación de los caminos, que los contribuyentes argentinos ya abonaron mediante sus impuestos correspondientes, fueron retenidos por las autoridades de turno con el único objetivo de exhibir y resguardar un falso superávit fiscal. De este modo, la desinversión estatal prolongada generó un deterioro tan profundo en la red vial que resulta imposible de revertir mediante la estructura actual. La infraestructura existente se encuentra en un estado de degradación crítica que los peajes tradicionales no lograrán recuperar de manera genuina. La privatización de los corredores estratégicos influyen de forma directa en el transporte de cargas, la producción y el turismo, devela una alarmante transferencia de responsabilidades. La implementación de nuevos puestos de recaudación y el incremento de las tarifas existentes se traducen en una doble imposición para el usuario, quien deberá abonar sumas elevadas para transitar por vías que deberían estar garantizadas por la recaudación tributaria nacional. En lugar de traducirse en una mejora estructural real y sustentable, el esquema implementado parece diseñado para asegurar un flujo constante de ingresos que terminará enriqueciendo a un selecto grupo de empresas concesionarias.La supervisión de los contratos por parte de Vialidad Nacional se limitará a un control de resultados, delegando por completo las decisiones sobre obras viales prioritarias en manos del interés comercial privado. Mientras el gobierno celebra el avance de su plan de reforma estatal el impacto real recae sobre los sectores productivos y los automovilistas. La ausencia de inversión estatal genuina condena a las rutas nacionales a un sistema de explotación comercial donde el ciudadano común financia de su propio bolsillo la ganancia corporativa, transformando el derecho al libre tránsito en un negocio sumamente lucrativo para pocos. Navegación de entradas Ajuste y desfinanciamiento: El Gobierno elimina por decreto las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales FEPEVINA alertó por el uso de fondos estatales para garantizar el negocio de las concesiones viales privadas
