El Gobierno lanza la licitación delos tramos de la Etapa II-B

El Gobierno Nacional anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de licitaciones para la intervención en rutas nacionales que atraviesan las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Según la comunicación oficial, estas obras están orientadas a mejorar la conectividad para el turismo y el comercio regional mediante lo que definen como «inversión privada».

Sin embargo, el esquema propuesto esconde una realidad operativa distinta: el financiamiento no surgirá de capitales de riesgo de las empresas, sino del cobro directo de peajes que deberán abonar los usuarios, transformando el derecho a la libre circulación en un modelo de recaudación privada sobre trazas que hoy sufren un abandono estatal profundo.

Este anuncio de «mejoras» se produce en un contexto de desmantelamiento institucional sin precedentes. En la práctica, el Estado Nacional abdica de su función de conservación para delegar la infraestructura en empresas cuyo objetivo central es la rentabilidad mediante el cobro de tarifas, en lugar de garantizar la seguridad vial como un servicio público básico.

Para los sectores técnicos y gremiales de Vialidad Nacional, este modelo de «inversión privada» es en realidad una transferencia de la carga económica hacia el ciudadano y los transportistas. Denuncian que se busca naturalizar el mal estado de las rutas para justificar la instalación de cabinas de cobro en corredores estratégicos.

Esta estrategia de «recaudación sobre el asfalto» ignora que los usuarios ya contribuyen al sistema mediante el Impuesto a los Combustibles, fondos que el Gobierno ha dejado de ejecutar para el mantenimiento preventivo.

Mientras se anuncia que los usuarios deberán pagar para tener rutas transitables, para los integrantes del espacio multisectorial en defensa de la vida y la seguridad vial, el plan de licitaciones no es una solución federal, sino el cierre de un ciclo de desfinanciamiento inducido para entregar la soberanía vial a la lógica del mercado privado.

Finalmente, el impacto de este esquema en provincias como Santa Fe y Córdoba amenaza con encarecer los costos logísticos de la producción nacional. Sin la presencia de un organismo técnico como Vialidad Nacional fortalecido y con capacidad de ejecución por administración, el control de la calidad de las obras quedará supeditado al interés de las concesionarias.

La advertencia es clara: lo que el Gobierno presenta como un avance para el comercio, los trabajadores y usuarios lo ven como la institucionalización del peaje como única respuesta ante un Estado que ha decidido dejar de mantener sus propios caminos.