El fracaso crónico de las concesiones viales: sanciones y deterioro en un modelo que se pretende repetir

La reciente aplicación de nuevas sanciones por parte de Vialidad Nacional a la empresa Caminos del Río Uruguay, responsable de la concesión del estratégico corredor que une las provincias de Entre Ríos y Corrientes, expone una vez más los límites y falencias de un sistema de gestión privada que el actual gobierno nacional pretende generalizar. A pesar de las multas millonarias y los reiterados apercibimientos por incumplimientos en el mantenimiento básico, la señalización y la seguridad vial, el modelo de concesiones por peaje demuestra ser ineficaz para garantizar una infraestructura acorde a las necesidades del país. Este escenario resulta paradójico: mientras la administración central impulsa un desmantelamiento operativo de Vialidad Nacional bajo la promesa de que el sector privado resolverá las deficiencias de la red vial, la realidad de los corredores ya concesionados evidencia que el sistema privado no ha sido la solución, sino un factor de deterioro y riesgo sistémico.

El informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) arroja luz sobre esta contradicción, señalando que las empresas concesionarias suelen priorizar la rentabilidad financiera inmediata sobre la inversión estructural de largo plazo. En rutas como la 12 y la 14, los usuarios pagan peajes por servicios que no se ven reflejados en el asfalto, mientras que el Estado termina asumiendo los costos sociales y judiciales de la siniestralidad provocada por el abandono. Lejos de ser un caso aislado, el fracaso de Caminos del Río Uruguay es el espejo en el que se reflejan las futuras concesiones que el gobierno planea licitar. La insistencia en un esquema que ya fracasó en la década de los 90 y que muestra síntomas de agotamiento en el presente sugiere que la nueva ola de privatizaciones no será la excepción, sino una profundización de la transferencia de recursos públicos hacia sectores privados que no cumplen con los contratos de mantenimiento.

La desidia en las rutas concesionadas se complementa con la asfixia financiera que el gobierno impone al distrito estatal de Vialidad. Al dejar que el organismo nacional pierda su capacidad de fiscalización y ejecución directa, se le entrega al privado un poder de negociación absoluto sobre trazas que ya están destruidas. Como advierte el sindicato, el plan oficial parece consistir en socializar el riesgo —accidentes, juicios y rotura de vehículos— mientras se privatiza el ahorro fiscal de corto plazo mediante la eliminación de la inversión pública. En este contexto, las sanciones aplicadas esta semana no son más que un síntoma de un sistema viciado, donde las multas resultan insignificantes frente a las ganancias de las empresas y el ahorro que obtienen al no realizar las obras de rehabilitación estructural que las rutas exigen con urgencia.

Finalmente, la promoción de un modelo de «participación privada» como panacea para el desastre vial argentino ignora que ninguna empresa se hará cargo de las inversiones de fondo sin una garantía estatal que hoy se pretende eliminar de otros sectores, pero que en el vial se traduce en peajes abusivos y falta de obras. La historia reciente demuestra que, sin un Estado con capacidad técnica y política para controlar y ejecutar directamente, las concesiones devienen en peajes de mantenimiento mínimo y bacheos de maquillaje, lo que los técnicos llaman «estafa técnica». Si el gobierno nacional persiste en desmantelar la estructura histórica de Vialidad Nacional para entregarla a operadores que hoy mismo están siendo sancionados por su inoperancia, el resultado no será una red vial eficiente, sino un mapa de peajes aislados en medio de rutas detonadas, repitiendo un ciclo de fracasos que la sociedad argentina ya conoce y que, una vez más, pagará con su seguridad y su patrimonio.