El Gobierno firmó los primeros contratos de concesión

El nuevo esquema traspasa la operación de los corredores estratégicos a empresas privadas, habilitando aumentos mensuales en los peajes y reduciendo la inversión directa del Estado.

El Gobierno Nacional formalizó la firma de los primeros contratos para la concesión de rutas nacionales que, hasta el mes pasado, se encontraban bajo administración estatal o en situación de precariedad operativa. Este proceso de privatización otorga a empresas del sector privado la responsabilidad sobre el mantenimiento, la señalización y la seguridad vial de los principales ejes logísticos del país.

El acuerdo establece que el financiamiento de las obras de bacheo y repavimentación provendrá mayoritariamente de la recaudación por peajes, permitiendo a las empresas concesionarias aplicar incrementos mensuales en las tarifas basados en una fórmula polinómica que contempla la inflación y los costos operativos.

La firma de estos contratos se produce en un escenario de fuerte retracción de la inversión pública en infraestructura. Según datos de la Oficina Nacional del Presupuesto, las partidas destinadas a la función Transporte para el ejercicio 2025 se han reducido a una quinta parte de lo ejecutado en años anteriores, lo que ha acelerado el traspaso de los corredores al sector privado ante la imposibilidad del Estado de garantizar la transitabilidad. Este modelo busca que los usuarios finales asuman el costo total de la infraestructura, eliminando los subsidios estatales que anteriormente compensaban los desfasajes entre el costo de mantenimiento y el valor de las tarifas de peaje.

Respecto al sistema de cobro, el Gobierno confirmó que la implementación del peaje automático y dinámico será obligatoria para todas las empresas adjudicatarias. El objetivo es eliminar las barreras físicas en los tramos de mayor caudal vehicular para agilizar el tránsito pesado, aunque esto implica que las actualizaciones tarifarias se reflejarán de manera inmediata en los dispositivos de pago electrónico. Los pliegos firmados también incluyen un «plan de obras de emergencia» para los primeros meses de gestión, destinado a corregir las deformaciones de calzada y baches que han provocado un incremento en la siniestralidad vial en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

La privatización de estos tramos genera incertidumbre en las cámaras de transporte de carga, que advierten sobre el impacto de los nuevos costos logísticos en el precio final de los bienes. Mientras el Ministerio de Economía resalta que este esquema garantiza la sostenibilidad de las rutas sin afectar el superávit fiscal, las organizaciones de usuarios señalan que la calidad del servicio dependerá estrictamente del control que ejerza Vialidad Nacional sobre el cumplimiento de los planes de inversión prometidos por las concesionarias. Con este acto administrativo, el Estado inicia su retiro de la gestión directa de los corredores nacionales, dejando el desarrollo de la red vial supeditado a la rentabilidad del cobro de peaje.