Un Supuesto Éxito en la Prevención de Siniestros Enfrenta Denuncias de Ilegalidad

Mientras la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) celebra una caída del 65% en el exceso de velocidad en el acceso a Santa Fe, la ex titular del organismo califica la instalación del cinemómetro como “una burrada” y Vialidad Nacional exige su remoción por carecer de la autorización formal para intervenir una ruta federal.

La instalación del radar fijo en el kilómetro 5.8 de la Ruta Nacional 168, en el acceso este a la ciudad de Santa Fe, desató una profunda controversia que enfrenta la legalidad administrativa contra los resultados tangibles en la seguridad vial. El dispositivo, ubicado en una zona que históricamente ha registrado alta siniestralidad, se convirtió en un foco de tensión entre el gobierno provincial y el federal, a pesar de las cifras que defienden su permanencia.

Desde la órbita provincial, el funcionario a cargo de la APSV, Carlos Torres, justificó la medida como una «política de Estado» orientada a salvar vidas en un tramo de la ruta con antecedentes de colisiones, accidentes con motocicletas y fatalidades, incluyendo incidentes graves como el de un camión que cayó al arroyo Colastiné. La efectividad del radar es el principal argumento de la provincia: los datos revelan que cuando el cinemómetro se puso en funcionamiento el 26 de agosto, cerca del 50% de los vehículos circulaba con exceso de velocidad. Para principios de diciembre, esa cifra se había reducido drásticamente al 18%, lo que implica una disminución de 32 puntos porcentuales. Esta reducción es interpretada por la APSV como una prueba irrefutable de que la medida es proporcional y necesaria. En medio de la disputa, Torres confirmó que todas las multas emitidas antes del 26 de agosto, fecha en que se recibió el certificado de verificación del INTI, fueron anuladas, buscando desestimar la acusación de que el fin del radar era meramente recaudatorio.

Sin embargo, el procedimiento de instalación ha sido seriamente cuestionado por la exdirectora de la APSV, Antonela Cerutti. La exfuncionaria condenó el planteo provincial sobre la habilitación, calificando de «burrada» la idea de que la colocación se informara por una supuesta «cortesía administrativa». Cerutti, con conocimiento de los trámites necesarios, sostuvo que la provincia no tiene la potestad de instalar dispositivos de esa naturaleza sin la autorización formal de Vialidad Nacional (DNV), ya que implica obra, infraestructura y alteración sobre una ruta de jurisdicción federal. Según explicó, la DNV es la única responsable de otorgar el permiso de obra, mientras que el INTI solo certifica la correcta calibración del medidor.

El conflicto escaló cuando la Dirección Nacional de Vialidad intimó formalmente al gobierno santafesino a retirar el dispositivo, negando haber otorgado la autorización correspondiente. La respuesta de la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, fue de rechazo, declarando que están facultados para mantener el control y advirtiendo que, si la DNV intenta remover el equipo, se presentará una denuncia penal y el radar será colocado nuevamente de forma inmediata. La controversia legal y política por la presencia del radar en un punto sensible de la RN 168, donde la velocidad ha disminuido drásticamente, continúa abierta.