Ante la falta de pago por trabajos de mantenimiento y construcción ya ejecutados, la provincia patagónica elevó un duro reclamo al Gobierno Nacional, advirtiendo que la millonaria deuda obliga a paralizar las tareas delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad. La tensión entre la provincia de Santa Cruz y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha escalado a un punto crítico debido a una deuda acumulada que, según el gobierno provincial, ya asciende a la impactante cifra de 11 mil millones de pesos. Este monto, que representa trabajos de infraestructura vial realizados por la provincia en rutas de jurisdicción nacional, ha llevado a las autoridades santacruceñas a tomar una medida drástica que impacta directamente en el mantenimiento y la seguridad de las carreteras de la región. La provincia ha emitido un duro reclamo al organismo nacional y ha comunicado la decisión de suspender los trabajos que ejecuta en nombre de Vialidad Nacional. La deuda tiene su origen en convenios y acuerdos por los cuales Santa Cruz asumió la responsabilidad de ejecutar tareas de conservación y construcción en rutas nacionales debido a la falta de capacidad operativa o la paralización de fondos por parte del organismo federal. El gobierno provincial reclama que, a pesar de haber cumplido con la ejecución de estas obras y servicios, el flujo de pagos desde la DNV se interrumpió o fue insuficiente, llevando a un desfinanciamiento que las arcas provinciales no pueden seguir sosteniendo. Aunque en momentos previos la deuda se había reportado en montos inferiores, como los 600 millones de pesos citados por algunos medios, las últimas actualizaciones reflejan el crecimiento exponencial de la obligación, alcanzando el umbral de los once mil millones. La suspensión de los trabajos es una consecuencia directa del ahogo financiero y no una medida de presión política, según argumentan las autoridades santacruceñas. La paralización afecta tareas esenciales de mantenimiento y bacheo en tramos que son vitales para la logística y el transporte de la provincia y de la Patagonia en general. Esta situación genera una preocupación creciente entre los transportistas y usuarios habituales de las rutas, ya que el deterioro de las calzadas sin el mantenimiento adecuado incrementa los riesgos de accidentes y el costo operativo del transporte. El reclamo de los once mil millones de pesos se suma a la compleja situación financiera que atraviesa el Gobierno Nacional con las provincias. Santa Cruz exige el reconocimiento y la inmediata cancelación de la deuda para poder reanudar las operaciones de sus equipos viales. La decisión de suspender las obras busca forzar una respuesta urgente de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas, ya que el retraso en la inyección de fondos pone en peligro la capacidad operativa del propio sistema provincial de vialidad y compromete los recursos destinados a otros servicios esenciales del distrito. El gobierno provincial ha reiterado que, sin la regularización de estos pagos por servicios ya prestados, no puede ni debe seguir asumiendo una carga financiera que le corresponde exclusivamente a la órbita nacional. Navegación de entradas Un Supuesto Éxito en la Prevención de Siniestros Enfrenta Denuncias de Ilegalidad La Crisis de la Red Vial Nacional Dispara la Siniestralidad en la Antesala del Verano
