El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su plan de concesiones viales con la apertura de sobres para la explotación y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas.

El acto administrativo, realizado a través de Vialidad Nacional y la plataforma Contratar, marca el inicio de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, afectando directamente a corredores estratégicos que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En total, se presentaron 15 oferentes interesados en gestionar estos tramos bajo un nuevo modelo que elimina los subsidios estatales.La licitación se divide en dos grandes sectores denominados Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur y Tramo Pampa. El primero de ellos cuenta con una extensión de 1.325 kilómetros e incluye arterias fundamentales para la conectividad del área metropolitana y el sur bonaerense, como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri, Newbery y el corredor Ezeiza-Cañuelas.

Por su parte, el Tramo Pampa abarca 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5, extendiéndose desde Luján hasta el empalme con la Ruta Nacional 35 en Santa Rosa, una vía crítica para el transporte de la producción agropecuaria.El proceso de selección se estructura en dos instancias de evaluación. El primer sobre analizado contiene la documentación que acredita la capacidad técnica y financiera de las empresas, mientras que el segundo sobre revelará la oferta económica basada en la tarifa de peaje propuesta.

Este esquema busca que el financiamiento de las obras y el mantenimiento recaiga exclusivamente en los usuarios, bajo la premisa de alcanzar un sistema más eficiente y autosustentable que no dependa de las arcas públicas para su funcionamiento operativo.Vialidad Nacional mantendrá un rol de supervisión estricta mediante un sistema de control por resultados.

El objetivo del organismo es asegurar que las empresas adjudicatarias cumplan con estándares óptimos de seguridad vial y niveles de servicio adecuados. Con esta iniciativa, las autoridades pretenden modernizar la infraestructura en sectores clave para la logística y el comercio, garantizando mejoras en la transitabilidad de rutas que presentan un alto flujo de vehículos pesados y particulares de manera constante.

Este avance se enmarca en una política más amplia de desregulación y transferencia de la gestión de activos públicos al sector privado.

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