Los recursos de Vialidad Nacional caen un 70%

La política de ajuste fiscal implementada por el Gobierno Nacional ha golpeado de manera devastadora a la Dirección Nacional de Vialidad, reduciendo sus recursos reales en un 70% en comparación con el periodo anterior. Este recorte, que los trabajadores y especialistas del sector califican como una «motosierra institucional», no solo implica la parálisis de obras estratégicas, sino que pone en jaque la capacidad mínima de mantenimiento de la red vial en todo el país. La drástica poda presupuestaria ha generado un clima de profundo descontento y tensión entre los empleados del organismo, quienes ven cómo el vaciamiento financiero se traduce en la imposibilidad de cumplir con sus tareas esenciales, mientras las rutas nacionales se deterioran a un ritmo acelerado que compromete la seguridad de millones de ciudadanos.

Los datos técnicos aportados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) permiten dimensionar la gravedad de este desfinanciamiento inducido. El informe destaca que el recorte del 70% no responde a una falta de ingresos genuinos, sino a una decisión política de no ejecutar los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles. Esta «asfixia financiera» busca, según denuncian los representantes gremiales, justificar un escenario de ineficiencia estatal para abrir paso a nuevas concesiones privadas. Sin embargo, como advierte el sindicato, esta estrategia es una «estafa técnica»: al dejar de invertir en el mantenimiento preventivo por falta de recursos básicos —como asfalto, combustible para maquinaria o insumos de señalización—, el Estado está acumulando una deuda de infraestructura que el país pagará con un incremento exponencial en la siniestralidad vial y en los costos de reconstrucción futura.

[Image 76: «El problema no es técnico ni presupuestario. Es político y deliberado.»]

El malestar de los trabajadores viales se ha profundizado ante la falta de diálogo y la incertidumbre que rodea la estabilidad del organismo. La reducción de partidas presupuestarias ha impactado de lleno en los gastos operativos de los distritos regionales, dejando a muchas delegaciones sin capacidad de respuesta ante emergencias climáticas o roturas críticas en las calzadas. Desde FEPEVINA se sostiene que este nivel de desfinanciamiento es inédito en la historia reciente de Vialidad Nacional y que el impacto del ajuste es «ciego», afectando por igual a corredores productivos y a rutas que garantizan la conectividad de pueblos aislados. La caída de los recursos reales, sumada a la inflación y la devaluación, ha dejado al organismo con un presupuesto que apenas alcanza para cubrir salarios y gastos administrativos mínimos, eliminando de facto cualquier posibilidad de intervención directa sobre el asfalto.

Finalmente, la situación en Vialidad Nacional es vista por el arco sindical como un caso testigo de la desarticulación de las funciones indelegables del Estado. El descontento de los agentes viales no solo se funda en la defensa de sus puestos de trabajo, sino en la convicción de que el desmantelamiento operativo es un ataque a la integración territorial de la Argentina. Mientras el Gobierno celebra el superávit financiero obtenido mediante el recorte del 70% a Vialidad, los informes técnicos y la realidad de las rutas detonadas marcan una cuenta regresiva hacia el colapso del sistema de transporte. Para los trabajadores, la lucha actual trasciende la paritaria; es una disputa por el sentido mismo de un organismo nacional que hoy es utilizado como variable de ajuste, ignorando que el ahorro de hoy es el desastre y la tragedia de mañana.