La reciente activación de un plan de retiros voluntarios en Vialidad Nacional, confirmada tras meses de incertidumbre, marca un nuevo hito en el programa de desmantelamiento institucional que ejecuta la actual gestión. Bajo la apariencia de una «redefinición de estructura» y el uso de un lenguaje técnico pretendidamente aséptico, se esconde una maniobra de vaciamiento que la historia argentina ya ha padecido con consecuencias catastróficas. Lejos de buscar una administración más eficiente, el objetivo —reconocido por los propios ejecutores bajo la premisa de «destruir el Estado»— es desarticular el capital humano y el conocimiento técnico acumulado por décadas en un organismo vital para la soberanía y el desarrollo del país.

Este «colapso intencional» se apoya en premisas falaces que intentan convencer a una parte de la sociedad de que el achicamiento del organismo redundará en un mejor servicio. Sin embargo, la memoria histórica y la técnica indican lo contrario. Al igual que en los años 90, la salida forzada de ingenieros, laboratoristas, maquinistas y agentes especializados no genera una red vial más conectada ni nuevas rutas; por el contrario, decapita la capacidad de control y ejecución del Estado. Cuando esta avanzada neoliberal se agote, el país se enfrentará a una realidad devastadora: el conocimiento operativo y la experiencia territorial no se recuperan con decretos ni con la contratación de empresas privadas que, como ya se observa en las concesiones actuales, priorizan el lucro sobre la inversión estructural.

El informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) es lapidario al respecto: la salida de más de 800 agentes especializados entre 2023 y 2025 ya ha herido de muerte la capacidad operativa del organismo. Los nuevos retiros voluntarios que hoy se implementan no son una cuestión económica —ya que el Estado sigue recaudando los impuestos viales que luego subejecuta—, sino una decisión política para dejar a la red vial a la deriva. Sin personal capacitado para fiscalizar las obras o realizar el mantenimiento preventivo, el país queda atrapado en una «estafa técnica» donde el bacheo precario y el maquillaje asfáltico reemplazan a la ingeniería vial de calidad.

Desmantelar Vialidad Nacional bajo frases «agradables al oído» sobre la modernización es, en realidad, un ataque directo a la conectividad soberana. No es adivinación, es el conocimiento de nuestra propia historia: cada vez que se ha despojado al Estado de sus áreas estratégicas bajo el pretexto del ahorro, el resultado ha sido un país más fragmentado, con rutas intransitables y un costo de reconstrucción que termina siendo siete veces mayor que el mantenimiento omitido. El engaño de la actual gestión intenta maquillar un desierto técnico que pagaremos con años de aislamiento productivo y un riesgo vial sistémico que, lamentablemente, ya es una realidad cotidiana en cada rincón de la Argentina.

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