Vialidad Nacional niega muertes en la Ruta 3 y responsabiliza a los conductores por la siniestralidad

En una polémica respuesta ante la Justicia Federal de Azul, la abogada del organismo estatal rechazó el amparo promovido por el municipio, alegando falta de pruebas sobre los fallecimientos y asegurando que el deterioro de la calzada no es la causa de los accidentes, sino la «impericia» de quienes transitan.

​La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha vuelto a encender la polémica en torno al estado de la Ruta Nacional 3, particularmente en el tramo que une las localidades de Azul y Cacharí. A través de un nuevo escrito presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de Azul, la abogada Daniela Paula Borghini negó terminantemente que el organismo haya abandonado el mantenimiento de la vía y, en un giro que generó indignación en la comunidad, afirmó que en la demanda municipal «no se acreditan ni sumaria ni verosímilmente las supuestas muertes ocurridas». A pesar de la pericia realizada por la Policía Federal que corrobora el mal estado de la calzada, la representante legal de Vialidad sostuvo que la siniestralidad es producto exclusivo de la negligencia, impericia o imprudencia de los conductores, así como de la mala conservación de los vehículos particulares.

​La postura de Vialidad Nacional no solo niega la existencia de un índice de siniestralidad elevado, sino que también deslinda responsabilidades sobre el control del corredor vial, atribuyendo dicha competencia a otras reparticiones como la Agencia de Seguridad Vial o los municipios. Borghini subrayó que la DNV no detenta la guarda ni la administración del tramo judicializado, ya que la posesión y el mantenimiento exclusivo corresponden a la empresa concesionaria Corredores Viales S.A. desde los años 90. Según este argumento, el Estado Nacional resulta ajeno a la relación de consumo entre el usuario y la concesionaria, lo que dejaría al organismo exento de cualquier obligación inmediata de reparación o señalización urgente frente al riesgo de vida denunciado por las autoridades locales y los grupos de «Autoconvocados por la Autovía YA».

​Mientras esta respuesta jurídica ingresaba al expediente, la realidad de la ruta continuó cobrando víctimas: el mismo día de la presentación se produjo un choque frontal a la altura de Las Flores que resultó en la muerte de un matrimonio oriundo de Berisso. Este contraste entre la defensa legal de la DNV y los hechos fácticos ha profundizado el malestar en Azul y distritos vecinos, donde el reclamo por la autovía se ha convertido en una causa regional. La negativa de la abogada a reconocer «importantes deformaciones» o la falta de banquinas descalzadas contradice los informes técnicos previos y sitúa el conflicto en un escenario de extrema tensión judicial, donde la seguridad vial queda atrapada en un laberinto de competencias administrativas y falta de inversión estatal reconocida.