En medio de una dramática lucha por salarios congelados durante más de un año, el personal de Vialidad Nacional enfrenta un desafío aún mayor: el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que apunta a una profunda flexibilización y a la reestructuración del Estado. Las modificaciones propuestas buscan desarticular conquistas históricas, precarizar las condiciones del empleo público y, fundamentalmente, desactivar la capacidad de protesta del sector. La reforma, para los trabajadores de Vialidad, tendrá consecuencias que se sienten principalmente en dos planos: la amenaza a la continuidad del organismo y la drástica limitación de sus derechos sindicales. El aspecto más preocupante es el debilitamiento de la estabilidad laboral. El Gobierno impulsa la ampliación del período de prueba hasta ocho meses y la posible implementación de un Fondo de Cese Laboral que reemplazaría al actual sistema de indemnizaciones. Estas medidas abaratan significativamente los despidos, facilitando la remoción de personal sin causa ni costo para el Estado en el corto plazo. Esto cobra especial relevancia en un organismo como la DNV, donde constantemente se ha puesto en duda su continuidad institucional o su pase a manos privadas. Donde hay una necesidad, nace un «negocio» reza el mantra libertario Precisamente, la Ley de Bases otorga al Ejecutivo la facultad de disolver, fusionar o intervenir organismos públicos para su «reorganización», poniendo a Vialidad en la mira. Los gremios denuncian que este proceso no busca eficiencia, sino el desmantelamiento de la estructura que gestiona y mantiene la red vial nacional, sentando las bases para un modelo de concesiones privadas, tal como advirtió la Federación del Personal de Vialidad Nacional. A su vez, la reforma introduce un ataque directo a la capacidad de los trabajadores para defenderse. Al calificar a la actividad vial y el transporte como “Servicios Esenciales” o de “Importancia Trascendental”, el Ejecutivo busca imponer severas restricciones al derecho a huelga. Esto forzaría a los gremios a garantizar servicios mínimos de entre el 50% y el 75% de la dotación, prácticamente neutralizando la efectividad de cualquier paro o medida de fuerza. Este punto es particularmente crítico, ya que anula la principal herramienta de presión que los sindicatos han utilizado a lo largo de la historia para forzar a las patronales de todo el mundo. Sin esa posibilidad los reclamos llenarán formularios a la espera de la buena voluntad de los empleadores. Además, la normativa busca limitar la organización interna, estableciendo que las asambleas sindicales no deben interrumpir las actividades normales del organismo y considerando como injuria grave, y causa de despido, cualquier bloqueo o toma de establecimientos. En síntesis, mientras los trabajadores de Vialidad continúan la batalla por no desaparecer, la reforma laboral se erige como una doble amenaza: por un lado, facilita los despidos y reduce la seguridad en el empleo; por el otro, cerca la actividad sindical, mermando su capacidad de respuesta para negociar salarios dignos o para defender la existencia misma del organismo público. La lucha gremial en Vialidad se ha transformado, pasando de ser una demanda salarial a una defensa estructural de los derechos colectivos y de la infraestructura nacional. Navegación de entradas CONADUP Denuncia «Estafa Vial» y Retorno al Régimen de Peajes de los Años 90 El vaciamiento del saber: Los retiros voluntarios en Vialidad Nacional como estrategia de demolición estatal
