El secretario general del gremio vial en la provincia, Pablo Nasime, alertó sobre la falta de mantenimiento en corredores productivos clave, la pérdida de personal especializado y el impacto del reciente decreto que busca trasladar la gestión de trazas nacionales a las órbitas provinciales.

La situación de la infraestructura vial en el territorio santafesino ha alcanzado un punto de extrema vulnerabilidad, según describió Pablo Nasime, titular del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional en Santa Fe. En un escenario marcado por la política de obra pública cero, el dirigente advirtió que el organismo atraviesa el proceso de vaciamiento más profundo en sus 93 años de existencia.

Esta crisis no solo se manifiesta en la paralización de nuevas obras, sino fundamentalmente en la interrupción del mantenimiento preventivo, lo que pone en riesgo la transitabilidad de rutas que son la columna vertebral de la producción nacional, como la 11, la 33, la 34 y la estratégica A012 hacia la zona portuaria.

Nasime fue contundente al señalar que el estado actual de las rutas nacionales es, en gran medida, irregular o malo, aunque aclaró que estas categorías técnicas resultan insuficientes para describir el peligro cotidiano que enfrentan los conductores. La falta de bacheo profundo y el deterioro de las capas asfálticas están provocando que hoy Vialidad solo pueda ofrecer soluciones paliativas que desaparecen ante la primera tormenta.

En este sentido, alertó que la llegada de temporadas de lluvias intensas agravará la filtración de agua en las fisuras de la calzada, acelerando un proceso de destrucción que pronto podría ser irreversible si no se retoman las tareas de sellado y mantenimiento diario.

Un factor crítico en este diagnóstico es la drástica reducción del capital humano. El dirigente detalló que, en el último año, se han perdido más de seiscientos agentes a nivel país, incluyendo ingenieros, técnicos de laboratorio y maquinistas especializados, como consecuencia de retiros voluntarios y jubilaciones no reemplazadas.

En Santa Fe, la planta operativa se ha reducido a apenas 150 trabajadores, una cifra que resulta exigua para cubrir la extensión de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. A esto se suma el desfinanciamiento operativo, que centralizó licitaciones básicas en Buenos Aires, dejando a los distritos locales sin herramientas para tareas elementales como el corte de pasto en la Circunvalación o la Ruta 168, o incluso sin la provisión adecuada de ropa de trabajo y combustible.

Respecto al decreto presidencial que abre la puerta al traspaso de rutas nacionales a las provincias, Nasime expresó una profunda desconfianza. Consideró que esta medida representa un golpe al federalismo y una maniobra del Estado Nacional para desprenderse de sus responsabilidades civiles ante la creciente judicialización por accidentes y muertes en rutas en mal estado.

Para el gremialista, esta transferencia se plantea en términos poco claros que no garantizan la estabilidad de los empleados nacionales ni aseguran los fondos necesarios para que las provincias asuman semejante carga estructural, lo que podría derivar en una fragmentación del sistema vial y en el abandono definitivo de los tramos menos rentables. Ante este panorama, el sindicato instó a la comunidad a formalizar sus quejas ante cada incidente vial, para que el registro de daños actúe como una prueba fehaciente del estado de emergencia en el que se encuentra el patrimonio vial de los argentinos.

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