Milei y Caputo Reeditan el Modelo Menemista de Privatización de Rutas con Peajes

El gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, han acelerado un plan de privatización de tramos de rutas nacionales mediante concesiones que recuerdan el esquema implementado durante la década del ’90 bajo el mandato de Carlos Menem. El proyecto apunta a transferir la explotación de más de 9.000 kilómetros de corredores viales al sector privado, buscando que sean las empresas y no el Estado quienes asuman el mantenimiento y las inversiones necesarias, eliminando la figura del subsidio estatal para las concesionarias.

La primera etapa del plan ya está en marcha, con la reciente adjudicación de las concesiones viales de dos tramos clave del Corredor Mercosur, que suman 741 kilómetros. Estas rutas, que hasta ahora se encontraban bajo gestión estatal, serán operadas por empresas privadas. La medida incluye una reestructuración tarifaria significativa: los nuevos peajes superarán los $3.000 en algunos tramos, con propuestas que llegaron a los $3.385, lo que representa un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios.

El modelo se diferencia del esquema actual al buscar que el privado asuma el riesgo financiero de la operación, aunque no descarta la renegociación de contratos y un acompañamiento financiero inicial. Los próximos llamados a licitación incluyen tramos estratégicos como el Sur-Atlántico-Acceso Sur, de 1.325 kilómetros (que abarca la autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226), y el Tramo Pampa, de 547 kilómetros sobre la Ruta Nacional N° 5. La intención es cubrir el 20% de la red vial nacional, que concentra el 80% del tránsito.

Las concesiones se centran en la rehabilitación y reparación de la infraestructura existente, incluyendo el bacheo profundo y la reconstrucción de calzadas, más que en la construcción de nuevas autopistas. Además, se exigirá a las empresas la implementación de tecnología moderna, como sistemas de cobro automático «free flow«, y la instalación de dispositivos de identificación de patentes en las estaciones de peaje durante el primer año. La decisión política detrás de esta privatización es reducir el gasto público y transferir los costos operativos y suculentas ganancias al sector privado, aunque también se señala que el Estado podría terminar asumiendo nuevamente el riesgo financiero en caso de que la ecuación económica de las concesionarias se quiebre con el agravante que se les está otorgando una infraestructura ya generada por el mismo Estado.