Fallos judiciales obligan a Vialidad Nacional a iniciar reparaciones de urgencia

Con salarios congelados y presupuesto limitado, los agentes viales se ven forzados a ejecutar un cronograma de trabajo dictado por la Justicia Federal, que exige la reparación inmediata y planes de mantenimiento integral para tramos críticos de la Ruta Nacional 40. La orden, que se ratificó esta semana, expone la parálisis de la DNV ante el desfinanciamiento del Gobierno.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) enfrenta una situación inédita donde su cronograma de trabajo y prioridades está siendo determinado por fallos judiciales, ante el desfinanciamiento y la parálisis de la obra pública a nivel nacional. La Justicia Federal ha ratificado de forma definitiva una sentencia que obliga al organismo a ejecutar un plan de reparaciones urgentes en tramos clave de la Patagonia, una medida que genera una presión adicional sobre los trabajadores viales.

El foco se centra en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Bariloche y El Bolsón. Luego de años de deterioro y falta de mantenimiento, un amparo colectivo impulsado por la provincia de Río Negro se consolidó judicialmente, obligando a la DNV a actuar de manera inmediata. La orden judicial exige intervenciones rápidas para corregir baches, grietas, ahuellamientos y descalces de banquinas, daños que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por esta vía fundamental para la conectividad andina y la actividad económica y turística.

La sentencia no solo demanda la ejecución de las obras de mitigación; establece plazos estrictos y rigurosos que comprometen directamente al personal de las distritales. Vialidad Nacional tiene ahora un plazo máximo de 90 días para presentar un relevamiento técnico detallado de los puntos críticos y un cronograma de obras. Además, la DNV debe entregar un informe para determinar la necesidad de implementar puestos de control de cargas, una medida crucial para la preservación estructural de la calzada que ha sido históricamente evitada. La obligación se extiende a 120 días para la presentación de un plan integral de mantenimiento, una vez finalizadas las reparaciones de urgencia.

Este esquema reactivo se confirmó esta misma semana con el inicio de trabajos de reparación en la Ruta Nacional 151, que conecta a Río Negro con La Pampa. Las obras, que se ponen en marcha tras otra orden judicial firme y luego de años de denuncias sobre el «estado calamitoso» de la traza, ejemplifican cómo el organismo solo está pudiendo movilizar recursos cuando es forzado por el Poder Judicial.

Para los trabajadores viales, esta situación es compleja. Por un lado, la acción judicial valida sus históricas denuncias sobre el deterioro de la red y la necesidad de intervenir con urgencia. Por otro, los obliga a ejecutar tareas complejas y de emergencia con los escasos insumos y el presupuesto congelado que denunciaron las federaciones. El cumplimiento de los plazos judiciales pasa a ser una carga directa para el personal técnico y operativo, expuesto a la presión de la Justicia para compensar el abandono estructural de la red vial nacional por parte de la Administración central.