Investigan Apropiación de Fondos Viales por Parte del Gobierno Nacional

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, ha solicitado formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que inicie una investigación exhaustiva sobre la presunta apropiación de fondos por parte del Gobierno Nacional que deberían ser destinados a la reparación y modernización de las Rutas Nacionales.

​El reclamo surge en medio de una profunda preocupación por el deterioro de la infraestructura vial del país, que el funcionario formoseño describe como una «situación desesperante».

​Gialluca advirtió que el Gobierno Nacional ha impulsado transformaciones estructurales en materia vial, resultando en la eliminación y creación de organismos con funciones aún sin reglamentar. Esto ha generado un «vacío normativo y operativo» que se traduce en conflictos laborales, un aumento en los siniestros viales y la parálisis de decisiones estratégicas.

​»Más de la mitad de las rutas nacionales del país están hoy en mal estado,» señaló Gialluca, agregando que la Vialidad Nacional (VN) se encuentra «desactivada de hecho» y sin una intervención significativa desde hace tiempo.

​El Defensor fue enfático al señalar que la recaudación proveniente del impuesto a los combustibles y otros, la cual debería financiar el mantenimiento vial, es «apropiada por Nación». Esta falta de transferencia de recursos impide que las provincias puedan hacerse cargo de las rutas nacionales, ya que deben priorizar hospitales, escuelas y seguridad.

​El organismo de la Constitución rechazó el plan del Gobierno Nacional de trasladar la responsabilidad a las provincias o de avanzar hacia la privatización del sistema vial. Argumentó que el modelo de concesiones no es viable debido a los altos costos de inversión requeridos por el nivel de deterioro, lo que haría insostenible el precio de los peajes y desincentivaría a los privados a intervenir en zonas menos rentables del norte argentino, como la Ruta Nacional Nº 86 en Formosa.

​Gialluca recordó que la inversión en rutas es también una política de salud, dado el «altísimo costo económico» y humano que representa la atención a la accidentología.

​Finalmente, el Defensor denunció que, si bien el Gobierno Nacional presenta un «modelo híbrido» para financiar la reconstrucción como un paso hacia la eficiencia privada, la realidad es que el Estado (a través de entidades como el BICE) es quien termina financiando las obras, mientras que las empresas contratistas, a menudo las mismas de las últimas tres décadas, «se llevan los beneficios que pagan los contribuyentes».

​Ante este panorama, el Defensor del Pueblo ha iniciado las acciones judiciales necesarias para establecer un plan integral y consensuado que priorice la recuperación y modernización de la infraestructura vial nacional.