Mientras el gobierno nacional asegura que las grandes obras deben ser asumidas por el sector privado, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, se presentó ante la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados provincial para advertir que las tareas viales que ejecuta Vialidad Nacional solo se cumplen por órdenes judiciales. Las rutas 11, 33 y 178, remarcó, avanzan solo después de demandas de municipios, legisladores y vecinos.

“En materia de rutas nacionales, el país está a la deriva. No hay plan, no hay gestión ni compromiso con la realidad del interior”, declaró Enrico ante los legisladores, anticipando un panorama caótico si no se reorienta la política vial nacional. Señaló que el gobierno nacional “ha cancelado la obra pública” y cuestionó la contradicción entre licitar corredores viales con respaldo estatal (créditos del BICE) y anunciar que todo debía será inversión privada.

Durante el intercambio, Enrico dejó en claro que el gobierno provincial se ve obligado a intervenir donde el Estado nacional se retira: destacó que la iluminación de la avenida de Circunvalación Oeste (que integra la ruta nacional 11) fue costeada por Santa Fe para evitar que quede como “una boca de lobo”.

También advirtió que obras esenciales comprometidas por Nación —como la planta potabilizadora de Santa Fe y Rosario, el acueducto San Javier-Tostado y la planta depuradora de Rafaela— están paralizadas o en negociaciones complicadas con contratistas.

En medio del diagnóstico crítico, Enrico puso todas las apuestas en el Circuito de Ingresos a Puertos (CIP), proyecto que se presentará formalmente ante la comisión el 29 de octubre. El CIP busca ordenar el ingreso de camiones a los 32 puertos del corredor Timbúes-Arroyo Seco, implicando coordinación entre rutas nacionales, provinciales, caminos municipales y vías férreas. Parte de la financiación, adelantó, vendrá de los peajes que ya pagan las cargas.

El ministro también insistió en el reclamo de que Nación traspase la jurisdicción de la AO 12, que circunvala Rosario (hasta ahora ruta nacional con tramos provinciales), para que Santa Fe pueda gestionar esos accesos viales. Enrique explicó que, de cada carga de combustible, una porción va al “fondo de obras públicas”, pero dijo que esos recursos no se traducen en mantenimiento efectivo.

Santa Fe paga para reparar rutas, sostener iluminación y negociar obras esenciales que el Estado nacional congela. En el discurso del ajuste, donde se prometió menor Estado, termina asumiendo el costo real el Estado provincia aunque la recaudación sigue cobrándola el Estado nacional

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *