El Estado pone la plata, el privado se queda con la Ruta

El discurso del ajuste choca otra vez con la realidad. Mientras el presidente Javier Milei repite que “se acabó la obra pública”, su gobierno confirmó que el Estado financiará, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la construcción de la primera ruta privatizada del país: la llamada Ruta del Mercosur, que incluye tramos de las rutas nacionales 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria.

La maniobra expone las contradicciones del modelo libertario. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el financiamiento saldrá del propio Estado, con créditos blandos del BICE que cubrirán hasta el 70 % del costo total. En otras palabras: el Estado pone la plata, los privados se quedan con la concesión y los peajes.

Incluso los empresarios de la construcción, que venían reclamando fondos para obras paralizadas, se sorprendieron por el esquema. Lo que antes se llamaba “obra pública” ahora se presenta como “participación privada”, pero los recursos siguen siendo públicos.

Mientras las empresas se preparan para explotar rutas financiadas con dinero estatal, Vialidad Nacional sigue con su presupuesto al mínimo, apenas alcanzando para hacer relevamientos y diagnósticos en rutas destruidas. Los trabajadores del organismo lo vienen advirtiendo: sin presupuesto, no hay obra, pero tampoco control sobre lo que hacen los concesionarios.

El contraste es brutal. Se paralizan escuelas, hospitales y caminos provinciales, pero se habilita financiamiento público para que los privados hagan negocio sobre el asfalto. El gobierno que prometió terminar con “los curros de la casta” los reinstala bajo otro nombre, con la misma matriz: transferir recursos públicos al sector empresarial.

La Ruta del Mercosur será la primera de una serie de concesiones que el Ejecutivo planea extender a todo el país. El proyecto prevé contratos de entre 20 y 30 años y la instalación de nuevos peajes. Los usuarios pagarán por circular, y el Estado —ese que supuestamente iba a retirarse— seguirá pagando por construir.

En la práctica, la “libertad de mercado” termina siendo una estatización de las pérdidas y una privatización de las ganancias. El relato del ajuste se esfuma cuando los negocios son grandes y los beneficiarios tienen nombre y empresa.