El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con los cambios en organismos estratégicos del Estado luego de que el Congreso rechazara cinco decretos que habían dispuesto su disolución o modificación.

La medida fue oficializada a través de los DNU 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, que restituyen las normas vigentes antes de las reformas.Tras varias semanas de tensión política y social, la Dirección Nacional de Vialidad recupera su autonomía, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que habían sido disueltas.

También se revirtió el intento de reconversión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ambos claves en el desarrollo productivo y tecnológico del país. Otro de los organismos alcanzados por la medida fue el Banco Nacional de Datos Genéticos, que vuelve a funcionar con independencia, mientras que se dejaron sin efecto modificaciones sobre la marina mercante, el derecho a huelga en sectores estratégicos y la fusión de institutos históricos.

El retroceso del Ejecutivo se produjo luego de que tanto Diputados como el Senado rechazaran los decretos emitidos en el marco de las facultades delegadas al presidente Javier Milei, argumentando que resultaban abusivos e inconstitucionales. La decisión legislativa contó con el respaldo de fuerzas opositoras, partidos provinciales e incluso de algunos aliados del oficialismo, marcando un fuerte límite político al avance de la desregulación estatal.

Desde los gremios se celebró la restitución de los organismos y la reversión de despidos, especialmente en el INTA, donde habían sido cesanteados 360 trabajadores. Marcelo Isleño, delegado de ATE en el INTI, expresó que la decisión constituye “un triunfo de la unidad de los trabajadores frente a la política de destrucción que intentó imponer el ministro Sturzenegger”.

Con la publicación de los decretos correctivos, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y preservar los principios de buena fe y juridicidad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *