Multan a Caminos del Río Uruguay S.A. por el deterioro de la Ruta 14.

Una historia repetida que cuestiona el modelo de privatización. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sancionó recientemente a Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), concesionaria de la Ruta Nacional 14, por graves incumplimientos en el mantenimiento de la autovía.

La multa, de 127.200 Unidades de Penalización, responde a deficiencias constatadas en la conservación de banquinas pavimentadas y fisuras en aproximadamente el 35% de los tramos analizados, con un 20% de esos daños catalogados como críticos y un 15% como moderados, lo que representa un riesgo inmediato para los usuarios. La empresa no subsanó las fallas dentro del plazo establecido, a pesar de haber recibido incrementos tarifarios en los últimos años para garantizar el equilibrio financiero de la concesión.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el incumplimiento de CRUSA tiene una larga historia. Desde que la empresa asumió la administración de la traza en 1991, las denuncias por falta de mantenimiento y abandono han sido recurrentes. Tras más de tres décadas, la autovía presenta un panorama de deterioro, con baches, huellas y señalización deficiente, y cientos de empleados quedaron en estado de abandono laboral tras el retiro de la empresa. Incluso existen sanciones por infracciones constatadas hace más de una década, como la multa aplicada por la falta de mantenimiento en apenas 400 metros del kilómetro 271, detectada en una inspección de 2014 pero resuelta recién en 2024.

Las defensas de la concesionaria suelen apuntar a presuntos incumplimientos del Estado, como atrasos en la actualización de tarifas de peaje o en la ejecución de obras comprometidas. Sin embargo, la DNV ha sido clara al señalar que las obligaciones de mantenimiento y conservación son independientes de los compromisos financieros asumidos en acuerdos anteriores.

El caso de la Ruta 14 es paradigmático en el debate sobre el rol del Estado y los privados en la gestión de la infraestructura vial. Durante los años 90, el régimen de concesiones viales se presentó como una solución para mejorar la seguridad y el confort de los usuarios, pero la experiencia argentina ha mostrado debilidades institucionales, jurídicas y de control que han permitido la persistencia de incumplimientos por parte de los concesionarios.

La falta de intervención estatal efectiva y la delegación total en el sector privado no han resultado en la «panacea» prometida. Por el contrario, la historia reciente muestra que, sin un Estado presente y regulador, los usuarios quedan expuestos a la desidia, el deterioro de las rutas y la inseguridad vial. Hoy, más del 50% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, y los intentos de relanzar esquemas de privatización sin controles robustos parecen ignorar las lecciones del pasado.

«No queremos que la Autovía 14 vuelva a ser la Ruta de la Muerte. Todos recordamos la cantidad de vidas que se perdieron antes de su transformación. (…) El gobierno nacional debe garantizar ya mismo la continuidad del servicio, ya sea mediante Vialidad Nacional, Corredores Viales o el organismo que defina el Gobierno. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado», advirtió la diputada Carolina Gaillard.

La sanción a CRUSA no es un hecho novedoso, sino la confirmación de un problema estructural: la privatización de la gestión vial, sin controles ni intervención estatal suficiente, ha tenido consecuencias negativas para la seguridad y el bienestar de los usuarios. La experiencia histórica argentina demuestra que dejar la infraestructura en manos privadas, sin un Estado que regule y fiscalice, está lejos de ser la solución ideal.