Sturzenegger Critica al Congreso por Proteger Organismos Estratégicos como Vialidad e INTA

La oposición rechazó decretos que buscaban desmantelar instituciones clave, mientras el ministro acusa a la “casta” y defiende un modelo de mercado que prioriza el lucro sobre las necesidades colectivas

El 6 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados rechazó cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por el Gobierno de Javier Milei, que buscaban disolver o reestructurar organismos públicos como la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Banco Nacional de Datos Genéticos. En respuesta, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la decisión como un “voto a favor de la corrupción y la casta” en un mensaje publicado en la red social X, acompañado por imágenes de gráficos que muestran las estructuras de Vialidad y el INTA. Sin embargo, las críticas del ministro reflejan una visión que privilegia el mercado sobre el rol del Estado, utilizando el argumento de la corrupción para deslegitimar la defensa de instituciones esenciales para los trabajadores y la sociedad.

Sturzenegger, en una entrevista con Radio Mitre, señaló que los decretos apuntaban a reducir estructuras burocráticas, como los 1.500 cargos jerárquicos de Vialidad Nacional y los 6.000 empleados del INTA, que según él consumen recursos que podrían destinarse a rutas o investigación. Propuso transferir funciones como la auditoría de Vialidad a una agencia independiente y tercerizar el mantenimiento, mientras que en el INTA cuestionó el uso de 3.000 vehículos y casi 1.000 cargos. También criticó al Instituto Nacional del Teatro, afirmando que el 65% de su presupuesto se destina a burocracia. Sin embargo, estas propuestas ignoran el papel estratégico de estos organismos en el desarrollo nacional, desde el mantenimiento de 20.000 kilómetros de rutas hasta la investigación agropecuaria que sostiene la producción de alimentos.

La oposición, liderada por el peronismo y respaldada por bloques como la Coalición Cívica y los radicales, defendió la continuidad de estos organismos, argumentando que su desmantelamiento pone en riesgo empleos y servicios esenciales. La votación, que alcanzó mayorías de hasta 141 votos, reflejó una resistencia a un modelo que prioriza la liberalización del mercado y el lucro privado por encima de las necesidades colectivas. En ningún país del mundo se dejan bienes estratégicos, como la infraestructura vial o la investigación agropecuaria, exclusivamente en manos de privados, ya que el afán de ganancia no garantiza el acceso equitativo ni el desarrollo sostenible.

El contexto de esta disputa se enmarca en una crisis económica que golpea a los trabajadores, con un desempleo del 7,9% y una informalidad del 36,3%, según datos recientes. La recesión, agravada desde 2023, ha llevado al cierre de 13.000 pymes, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, mientras los salarios pierden frente a una inflación del 2,4% mensual, según el Banco Mundial. En este escenario, la narrativa de Sturzenegger, que acusa al Congreso de proteger una “casta” corrupta, simplifica un debate complejo y deslegitima la defensa de un Estado activo en la protección de derechos. Organismos como Vialidad e INTA son fundamentales para comunidades rurales y trabajadores que dependen de la infraestructura y la innovación agrícola.

La reacción del ministro, que destacó la estabilidad del dólar y el riesgo país pese al rechazo de los decretos, revela una cosmovisión donde el mercado regula las relaciones sociales, relegando al Estado a un rol secundario. Esta perspectiva choca con la realidad de los sectores más vulnerables, que ven en estas instituciones un pilar para el bienestar colectivo. La oposición, al frenar los decretos, reafirmó la importancia de un Estado presente, aunque el debate sobre su eficiencia y transparencia sigue abierto.