FEPEVINA considera “un acto criminal” el intento de cierre de Vialidad Nacional

La Federación del Personal de Vialidad Nacional insiste con la necesidad de anular el DNU que busca cerrar la dependencia, que se suspendió por una medida cautelar de la justicia.

La federación que agrupa a trabajadores de Vialidad defendió el organismo estatal de 93 años y demandó a legisladores que rechacen el decreto de disolución. Denuncian que cortar Vialidad expone la vida y los horizontes de desarrollo de millones que circulan por rutas deterioradas.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) pidió con urgencia al Congreso que derogue el Decreto 461/2025 que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, una entidad estratégica con casi un siglo dedicada a asegurar rutas seguras, integración territorial y trabajo público. Sostienen que la medida no solo desmantela un organismo clave: es, en sus propias palabras, “un acto criminal” que pone en riesgo directo la vida de quienes transitan rutas nacionales en su mayoría abandonadas.

El pedido gremial llega luego de que una medida cautelar presentada por SEVINA, sindicato base de FEPEVINA, suspendería el decreto por seis meses, tras un fallo judicial del Juzgado Federal de San Martín. A pesar de considerarlo un avance importante, advierten que no resuelve el problema de fondo: la posibilidad de que el Ejecutivo disponga la disolución una vez que expire la medida judicial.

Desde FEPEVINA remarcaban que la DNV es una herramienta del Estado para garantizar infraestructura y empleos dignos. Alertaron que muchas rutas están en estado regular o malo —entre un 65% y 70%— por falta de mantenimiento, lo que obliga al uso de las redes nacionales en condiciones precarias y sin inversión pública sostenida.

El argumento hacia el Ejecutivo fue claro: atribuyen la decisión a una elección política con intenciones privatizadoras. Aseguran que una parte de la red nacional (unos 9.120 km) quedaría concesionada a empresas privadas sin obligación de inversión ni pago de canon, mientras los 33.000 km restantes, que conectan economías regionales y pueblos, quedarían fuera del sistema público y sin mantenimiento, al margen del lucro privado.

FEPEVINA señala además que la disolución significaría despidos o cesantías para los más de 5.200 empleados que forman parte del organismo, con un proceso de relevo laboral incierto, y la eliminación del rol que cumple Vialidad en emergencias o servicios técnicos en zonas aisladas.

El comunicado gremial hace un llamado a diputados y senadores: consideran que vetar el decreto es no solo un acto legislativo, sino una responsabilidad moral y patriótica. Subrayan que defender Vialidad significa preservar soberanía, vida en las rutas, desarrollo productivo y seguridad pública.

La federación también instó a organizaciones sociales, sindicatos y líderes políticos a sumarse a la resistencia y a exigir un modelo vial que se construya desde lo público, con transparencia y participación ciudadana, no desde la lógica del negocio privado.

La situación sigue abierta. El Ejecutivo ya anunció que apelará la medida cautelar, mientras el gremio prepara más acciones y la posibilidad de llevar la disputa al Congreso y las calles. Para FEPEVINA, el cierre de Vialidad no es un ajuste más; es una apuesta a reemplazar compromiso estatal por concesiones privadas, con todas las consecuencias que eso tiene en las rutas, la seguridad y el empleo.