El diario La Nación publicó esta semana una nota en la que asegura que el Gobierno nacional estaría preparando un decreto para disolver la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT y la Comisión Nacional del Tránsito. Según el artículo, las funciones serían absorbidas por otros organismos, entre ellos la Secretaría de Transporte y la Gendarmería Nacional. Hasta el momento, no existe confirmación oficial ni decreto publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, la circulación de esta información, replicada luego en redes sociales, generó gran preocupación entre los trabajadores viales, que desde hace meses vienen escuchando versiones similares en ámbitos internos del organismo. La falta de definiciones y el silencio institucional alimentan la incertidumbre en un contexto ya atravesado por recortes, paralización de obras y subejecución presupuestaria. Más allá del contenido del artículo, lo que resulta especialmente grave es el clima que se genera a partir de la difusión pública de estas ideas. En la publicación en redes sociales del propio medio, se observaron cientos de comentarios celebrando el posible cierre del organismo, incluso con insultos hacia el personal vial. Esa reacción no solo es injusta, sino que muestra una preocupante banalización del rol del Estado y de quienes lo sostienen con su trabajo cotidiano. Destruir un organismo con décadas de conocimiento técnico puede hacerse con una firma. Pero recomponer el entramado de saberes, experiencia y capacidades no es inmediato. Se requieren años para formar profesionales idóneos que planifiquen, ejecuten y supervisen obras que afectan la vida de millones de personas. Vialidad Nacional no es una estructura vacía. Son ingenieros, topógrafos, laboratoristas, maquinistas, técnicos, administrativos, supervisores, operarios. Son rutas seguras, puentes sólidos y caminos transitables. La posible disolución no debe analizarse sólo como una medida administrativa, sino como un gesto de profundo desprecio hacia el saber público. No es sólo una amenaza al empleo, sino al derecho de las comunidades a contar con un Estado que piense el territorio y garantice conectividad. Navegación de entradas Sin ejecución de Presupuestos en Vialidad Reunión con el Administrador de Vialidad Nacional: incertidumbre, reclamos y defensa del trabajo público
