El Regalo Envenenado y sus novedades

Tras la advertencia de abril sobre el carácter condicionado del traspaso de corredores viales nacionales, el gobierno nacional publicó el decreto 253/2026 que habilita la delegación de tareas de mantenimiento y administración a varias provincias sin transferir fondos ni jurisdicción plena.

El gobierno nacional formalizó mediante el decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, la delegación de tareas de administración, reparación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales a las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

La medida se inscribe en el proceso de traspaso de responsabilidades viales que se viene desarrollando desde diciembre de 2023.En abril de 2026, desde este medio se había señalado que el traspaso de rutas nacionales a las provincias presentaba características de un esquema condicionado, donde las jurisdicciones provinciales recibirían mayores responsabilidades sin el acompañamiento proporcional de recursos específicos.

El decreto ahora instrumentado establece una delegación funcional, limitada, temporal y revocable de tareas, sin implicar cesión de dominio público ni transferencia plena de jurisdicción federal.

Desde la asunción del actual gobierno, se aplicó un fuerte ajuste en la obra pública que afectó el mantenimiento de la red vial nacional, donde los daños tienen una incidencia en la estructura difícil de sostener solo con peajes.

Ante el deterioro acumulado de los corredores, varios gobernadores reclamaron durante 2024 y 2025 la transferencia de rutas, argumentando la necesidad de intervenir con recursos provinciales a cambio de compensaciones o reconocimientos de deudas.

El decreto 253/2026 mantiene a Vialidad Nacional como autoridad de aprobación de obras y contrataciones, con facultad de revocación por razones de interés público.

Las provincias deberán celebrar convenios específicos, definir tramos y plazos, y avanzar en regímenes de concesión a empresas privadas bajo peaje volviendo al esquema de recaudaciones privadas con altas tasas de ganancias para un puñado de empresas.

Las concesiones podrán extenderse hasta 30 años y las provincias cuentan con un plazo de un año para llamar a licitación, bajo riesgo de caducidad del acuerdo.

Este esquema no resuelve qué hasta el gobierno con la retención de recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que, según denuncias de legisladores opositores, acumuló más de 1.165 billones de pesos desde diciembre de 2023, fondos que por ley debían destinarse al Fondo Fiduciario para mantenimiento vial.

La modalidad coincide con el impulso general a las concesiones viales, que prevé un aumento significativo de cabinas de peaje, especialmente en la Zona Núcleo.

Organismos como el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) han cuestionado que la medida carece de una ley formal del Congreso, tal como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional.

En la actualidad, las provincias se encuentran en proceso de negociación de los convenios correspondientes con Vialidad Nacional para implementar la delegación de tareas, pero a la fecha siguen los reclamos por las consecuencias del abandono vial y los gobernadores continúan esperando acciones concretas.