FEPEVINA alertó por el uso de fondos estatales para garantizar el negocio de las concesiones viales privadas

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) encendió una señal de alarma frente a los términos financieros bajo los cuales el Gobierno Nacional pretende estructurar el nuevo Plan Federal de Concesiones Viales. A través de un pronunciamiento institucional, la entidad gremial advirtió que el esquema impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado configura un modelo de privatización asimétrico, donde el Estado asume los riesgos económicos y aporta las garantías financieras mientras las empresas contratistas se aseguran un flujo de recaudación directo y sin controles rigurosos.

De acuerdo con el análisis de la organización técnica y sindical, la utilización de herramientas públicas como el financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para respaldar a los operadores privados desvirtúa el argumento oficial de la llegada de «inversión genuina».

FEPEVINA planteó que este mecanismo compromete de manera directa el entramado productivo nacional, dado que las condiciones fijadas en los pliegos tienden a desplazar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales y a los actores regionales que históricamente han generado empleo e infraestructura en el interior del país, concentrando el negocio en grandes grupos corporativos y financieros.

El cuestionamiento del sector vial radica en que este modelo reedita las falencias operativas y los esquemas de endeudamiento que ya fracasaron en décadas anteriores, donde las obras de gran envergadura terminaron siendo rescatadas o financiadas de forma indirecta por el propio erario público ante el incumplimiento de las firmas concesionarias.

Para la conducción del gremio, las rutas nacionales revisten un carácter estratégico de soberanía y conectividad federal, por lo cual no pueden quedar subordinadas a lógicas de rentabilidad corporativa que cuenten con el blindaje o el subsidio encubierto del Estado mientras se desfinancia a las estructuras operativas directas de la Dirección Nacional de Vialidad.

La ofensiva sobre el patrimonio vial, según denuncian los trabajadores, se ejecuta bajo una doble pinza: por un lado, se eliminan por decreto las partidas del presupuesto nacional destinadas al mantenimiento y conservación por administración y, por el otro, se promueve un sistema de peajes directos que transfiere la carga económica al usuario común y a los transportistas de carga.

Desde la Federación señalaron la contradicción de utilizar fondos públicos y herramientas crediticias de la banca estatal para asegurar las ganancias de operadores privados, al mismo tiempo que se le niega presupuesto técnico a las jefaturas de distrito y se mantiene congelada la paritaria del personal especializado encargado de la prevención y la seguridad en los caminos.

Ante este escenario de reestructuración inducida, el espacio multisectorial en defensa de la vida y la seguridad vial ratificó la necesidad de avanzar hacia una impugnación legal de los pliegos y de exigir instancias de debate legislativo.

La entidad concluyó que la entrega de la red troncal bajo las condiciones actuales desarticula la capacidad de fiscalización técnica del Estado y precariza la conectividad territorial de la Argentina. El reclamo del sector se mantiene firme en la defensa de una Vialidad Nacional fuerte, con capacidad de ejecución soberana y al servicio del desarrollo federal, rechazando la instauración de un modelo donde los beneficios queden privatizados y los pasivos financieros sean absorbidos por la sociedad.