Un informe técnico de FEPEVINA actualizado a abril de este año revela que Vialidad Nacional atraviesa su crisis más profunda en 93 años. Con una subejecución presupuestaria alarmante y la pérdida de 1.200 especialistas, advierten que por cada peso no invertido hoy, el Estado deberá gastar hasta cinco veces más en el futuro. Mientras las quejas de los usuarios en Santa Fe y todo el país se multiplican, las cifras oficiales comienzan a ponerle magnitud a la crisis. El «Informe de Situación Institucional y Operativa» de abril de 2026 confirma que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) enfrenta un vaciamiento técnico y financiero sin precedentes, fruto de una decisión política deliberada de desmantelar la infraestructura vial argentina. Un mapa pintado de rojo Aunque los datos oficiales del sistema SIG VIAL —que no se actualizan desde hace dos años— hablaban de un 50% de la red en mal estado, los relevamientos actuales de FEPEVINA son mucho más drásticos: más del 70% de las rutas nacionales se encuentran hoy en estado regular a malo. Este deterioro tiene un impacto directo en la economía y la vida: Velocidad y costos: La velocidad media en muchos tramos se ha reducido a apenas 60 km/h debido a pozos y deformaciones. Siniestralidad: El país incumple sistemáticamente los compromisos de seguridad ante la ONU. En 2023, las víctimas fatales aumentaron un 14%, alcanzando un promedio de 12 muertes diarias. El costo de la desidia: El informe advierte que la «no inversión» es el peor negocio. Por cada peso que no se gasta en mantenimiento preventivo, el Estado deberá desembolsar entre 3 y 5 veces más en rehabilitaciones futuras. Presupuesto bajo llave y personal en retirada La causa del deterioro no parece ser la falta de recursos, sino su gestión. A pesar de que el Impuesto a los Combustibles se sigue recaudando y existen créditos externos vigentes (BID, CAF), el Ministerio de Economía mantiene una subejecución sistemática. Al cierre del primer trimestre de 2026, los programas de Obras de Seguridad Vial y Mantenimiento de Puentes y Alcantarillas registran una ejecución del 0%. Es decir, no se ha gastado un solo peso en programas críticos para salvar vidas. A este ahogo financiero se suma el desmantelamiento del capital humano. Desde marzo de 2024, el organismo sufrió cerca de 1.200 desvinculaciones. El impacto es cualitativo: se han perdido 91 ingenieros civiles y cientos de técnicos, laboratoristas y maquinistas esenciales para la operatividad de las rutas. De continuar esta tendencia, se proyecta una pérdida acumulada de más de 1.700 agentes para finales de este ciclo, dejando a Vialidad en un estado de «riesgo crítico» y colapso operativo total. El drama detrás de los números El informe concluye con una advertencia sobre la responsabilidad del Estado. Más allá de los 7.000 millones de dólares anuales que se pierden por siniestros viales, la emergencia es humana. «Un siniestro con una víctima fatal es una vida que se pierde y una familia que se destruye», señala el documento, subrayando que el estado de las rutas no es solo un problema de logística, sino una deuda de seguridad pública que el Estado argentino ha decidido, por ahora, dejar de pagar. Navegación de entradas Pablo Nasime denuncia el vaciamiento más grave de su historia y advierte por el colapso de las rutas en Santa Fe El regalo envenenado: El traspaso de rutas nacionales y el dilema financiero de las provincias