El Gobierno Nacional avanza en la transferencia de corredores viales a las órbitas provinciales, un movimiento que los gobernadores observan con desconfianza. Sin el giro de los fondos recaudados por impuestos específicos, las provincias quedan ante el abismo de heredar deudas estructurales, la obligación de aplicar peajes impopulares o contraer un endeudamiento riesgoso. El ambicioso plan de traspaso de rutas nacionales hacia las jurisdicciones provinciales se ha convertido en una moneda de doble cara para los mandatarios del interior del país. Si bien la descentralización podría interpretarse como una recuperación de la autonomía sobre el territorio, la letra chica del esquema propuesto por la Casa Rosada revela una transferencia de responsabilidades sin el correspondiente acompañamiento de recursos. El Estado nacional, que continúa recaudando impuestos específicos sobre el combustible y otros tributos destinados teóricamente al mantenimiento vial, pretende desprenderse de la gestión de una red caminera que se encuentra en estado calamitoso, trasladando no solo la operatividad, sino también el costo político y social de su recuperación. Para los gobernadores, este traspaso se asemeja a un regalo envenenado: reciben la potestad sobre los caminos, pero también la obligación de explicar a sus ciudadanos por qué deben pagar peajes o endeudarse para reparar lo que la Nación abandonó. El esquema financiero que subyace a esta transición plantea dudas profundas sobre su sostenibilidad y equidad. Ante la falta de transferencias directas desde el Tesoro, las únicas vías de financiamiento que asoman son el cobro de peajes o la toma de crédito internacional. El esquema financiero que subyace a esta transición plantea dudas profundas sobre su sostenibilidad y equidad. Ante la falta de transferencias directas desde el Tesoro, las únicas vías de financiamiento que asoman son el cobro de peajes o la toma de crédito internacional. Sin embargo, ambas opciones presentan límites severos; gobernadores como Axel Kicillof o Maximiliano Pullaro han advertido que el sistema de peajes en rutas con fallas estructurales graves es percibido como una doble imposición, ya que los usuarios ya pagan por el mantenimiento cada vez que cargan combustible. «Las rutas nacionales ya no tienen pozos, tienen cráteres en la provincia de Santa Fe». Con esa contundente queja el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, expresó este viernes su molestia por la falta de celeridad de la Casa Rosada en transferirle a su administración el control de la ruta nacional A012 prometida por un decreto de Javier Milei hace exactamente una semana. Por otro lado, la posibilidad de que las provincias se endeuden choca contra una realidad macroeconómica asfixiante y un riesgo país que encarece cualquier intento de financiamiento externo. En provincias como Córdoba o Mendoza, la preocupación radica en que el peaje se vuelve una herramienta insuficiente para abordar reparaciones de fondo que requieren inversiones multimillonarias que exceden largamente la capacidad de recaudación en las cabinas. La responsabilidad política que asumen los gobiernos provinciales al aceptar este esquema es total y el margen de error, inexistente. Si las provincias no logran revertir el deterioro de las trazas de manera inmediata, el descontento social recaerá directamente sobre los gobernadores, liberando a la Nación de cualquier costo reputacional. La crisis de infraestructura en la Argentina no es meramente técnica, sino el resultado de décadas de desinversión que ahora pretenden resolverse mediante un traspaso administrativo que no soluciona el problema de caja. Sin una política nacional coordinada y una devolución real de los fondos que el Estado sigue recaudando de los usuarios, las provincias se encaminan a un escenario de fragmentación vial donde el estado de un camino dependerá exclusivamente de la capacidad de su gobernador para hacer malabares financieros en una economía en crisis. El riesgo latente es que este nuevo mapa de concesiones termine profundizando las asimetrías regionales, dejando a las provincias más postergadas con una red vial en ruinas y una deuda impagable. Navegación de entradas Radiografía del colapso: El 70% de las rutas nacionales ya están en estado «regular o malo» La batalla judicial de la Provincia de Bs As ante la exclusión ideológica de Nación
