Informe FEPEVINA: desmantelamiento de Vialidad Nacional y el riesgo sistémico en las rutas argentinas

La infraestructura vial de la República Argentina atraviesa una crisis sin precedentes, caracterizada por un proceso de desmantelamiento institucional deliberado que pone en riesgo la seguridad, la producción y la soberanía territorial. Según el reciente informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), el organismo atraviesa el vaciamiento más profundo desde su creación en 1958, transformándose en un cascarón institucional despojado de su capacidad operativa real. Esta situación no responde a errores de gestión o falta de recursos, sino a una decisión política de «obra pública cero» que ha llevado a que el Presupuesto 2026 consolide una caída real cercana al 75% respecto de 2023.

El colapso de la capacidad técnica es una de las aristas más graves de este proceso. Entre diciembre de 2023 y principios de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad perdió más de 800 agentes especializados, entre ingenieros, laboratoristas y maquinistas, y se proyecta la salida de otros 900 a través de retiros voluntarios forzados. Esta destrucción del capital humano acumulado durante décadas se complementa con una asfixia financiera sistemática: a pesar de que el Impuesto a los Combustibles sigue recaudándose, el Estado nacional ha subejecutado cerca del 50% de los recursos asignados, rompiendo el pacto fiscal vial donde el usuario paga por servicios de mantenimiento que no recibe.

Las consecuencias en el territorio son alarmantes. Se estima que entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra actualmente en estado regular o malo. El abandono del mantenimiento preventivo ha sido reemplazado por bacheos precarios que apenas administran el riesgo, elevando los costos logísticos y la siniestralidad. Casos críticos como el de la Ruta Nacional 33 evidencian fallas estructurales profundas que afectan el entramado socioeconómico regional, provocando incluso el cierre definitivo de establecimientos comerciales por la imposibilidad de acceso logístico. En Santa Fe, la ex Ruta 11 presenta tramos intransitables con un deterioro acelerado de la calzada, mientras que en la Ruta 34 las obras de ampliación paralizadas se han convertido en trampas de inseguridad para los usuarios.

Este escenario de abandono ha provocado que la siniestralidad vial deje de ser una estadística para convertirse en un saldo de muertes evitables. La falta de señalización, el ahuellamiento profundo y el agotamiento de los pavimentos en corredores estratégicos para la producción —como las rutas 119 y 151— exigen la inmediata declaración de la Emergencia Vial Nacional. Desde FEPEVINA se advierte que cada kilómetro no mantenido hoy representa un pasivo que el Estado deberá pagar con creces en el futuro. La defensa de Vialidad Nacional no es solo una lucha por puestos de trabajo, sino un reclamo por una función esencial del Estado que garantice la vida y el desarrollo naciona