La crisis operativa de Vialidad Nacional ha escalado al plano judicial en la provincia de Santa Fe, exponiendo una situación de abandono que ya no solo afecta a las rutas nacionales de larga distancia, sino también a arterias urbanas críticas como la Avenida Circunvalación. Tras meses de gestiones infructuosas ante el Gobierno Nacional, la Justicia Federal ha impuesto un plazo perentorio de diez días para que el organismo presente un plan de reparación integral que abarque desde el mantenimiento de pastizales hasta la restitución del sistema de iluminación. Este ultimátum, que vence la semana próxima, surge en un contexto donde el desmalezamiento se ejecuta a duras penas y la inseguridad vial se ve potenciada por un tendido eléctrico averiado, anticuado o directamente inexistente tras años de falta de inversión y robos reiterados. El conflicto en la Circunvalación es el síntoma más visible de un problema estructural detallado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). El desmantelamiento institucional y la asfixia financiera, consolidados bajo una política de subejecución presupuestaria, han transformado el mantenimiento preventivo en una excepción gestionada únicamente bajo presión judicial. Mientras la Municipalidad de Rosario y la senaduría departamental impulsan medidas para evitar que la traza urbana colapse, los informes técnicos revelan que este patrón de abandono responde a una lógica de vaciamiento que busca justificar futuras concesiones. En este sentido, la confección de los nuevos pliegos de licitación para la autopista a Buenos Aires, que incluye a la Circunvalación, ha encendido alarmas locales debido a la posible instauración de peajes, una medida que el Palacio de los Leones rechaza tajantemente por el riesgo de saturar las calles interiores de la ciudad. Esta parálisis operativa no solo es una cuestión de gestión de servicios básicos, sino que refleja un riesgo sistémico. La degradación de la infraestructura —donde más del 50% de la red vial nacional en la región se encuentra en estado pésimo o malo— se traduce en un saldo de muertes evitables y pérdida de competitividad. El bacheo precario y la falta de iluminación no son ahorros fiscales genuinos, sino pasivos técnicos que el Estado deberá afrontar con costos multiplicados en el futuro. Los trabajadores del Distrito 7 han advertido repetidamente que la centralización de decisiones y la falta de recursos mínimos impiden una planificación lógica, obligando a Vialidad a actuar como un ente reactivo que solo responde cuando los tiempos judiciales agotan su margen de maniobra. La próxima semana será clave para determinar si Vialidad Nacional retomará su función esencial o si profundizará el conflicto con las administraciones locales. La resolución de este plazo judicial no solo afectará a los miles de usuarios que transitan diariamente la Circunvalación, sino que marcará un precedente sobre la responsabilidad del Estado Nacional en el mantenimiento de su patrimonio. En un escenario donde el personal especializado disminuye y la inversión real se desploma, la defensa de la infraestructura vial se vuelve indisociable de la defensa de la seguridad ciudadana y la soberanía del desarrollo regional. Sin un plan concreto de reactivación, el modelo de «obra pública cero» amenaza con transformar a las rutas en monumentos a la desidia técnica y política. Navegación de entradas Informe FEPEVINA: desmantelamiento de Vialidad Nacional y el riesgo sistémico en las rutas argentinas Puentes en riesgo y el colapso de la fiscalización vial
