La crisis de Vialidad Nacional en Santa Fe: entre el abandono de las rutas y la incertidumbre laboral

La situación de la red vial nacional en la provincia de Santa Fe atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Bajo la premisa de «obra pública cero» y el impacto del Decreto 70/2023, el Distrito 7 de Vialidad Nacional, con sede en la capital santafesina, enfrenta un proceso de desfinanciamiento que no solo pone en riesgo la estabilidad de sus 250 trabajadores, sino que compromete directamente la seguridad de quienes transitan las rutas 11, 34 y 33, entre otras arterias vitales para el desarrollo productivo del país.

Desde el sector de los trabajadores viales se ha denunciado que la intención de la actual administración es desfinanciar el organismo para forzar su parálisis operativa. Actualmente, las tareas de mantenimiento son mínimas y se ejecutan casi exclusivamente para responder a medidas cautelares interpuestas por intendentes y legisladores de las zonas más afectadas. Este esquema de trabajo reactivo impide una planificación estratégica y condena a las rutas a un deterioro acelerado. Un ejemplo claro de esta desorganización es la centralización de las licitaciones en Buenos Aires: mientras antes el distrito gestionaba el corte de pasto según la necesidad estacional, hoy las órdenes llegan a destiempo, provocando que se liciten tareas de desmalezado en invierno mientras que en verano, cuando el crecimiento es mayor, las banquinas permanecen intransitables.

Las cifras que maneja la Federación del Personal de Vialidad Nacional son alarmantes y reflejan una realidad que los usuarios perciben a diario. Según los últimos informes técnicos, apenas el 20% de las rutas en Santa Fe se encuentran en buenas condiciones. El resto del mapa vial se divide entre un 26,3% en mal estado y un abrumador 53,6% en condiciones calificadas como pésimas. En este contexto, tramos emblemáticos como el de la Ruta Nacional 34 entre Rafaela y Sunchales permanecen con obras de ampliación inconclusas, transformándose en trampas mortales que incrementan la siniestralidad ante la falta de señalización y mantenimiento de los desvíos.

La problemática también impacta en el bolsillo del trabajador. Actualmente, el personal operativo enfrenta retrasos de hasta dos meses en el cobro de viáticos y adicionales, lo que implica que el empleado debe financiar de sus propios recursos los gastos de movilidad para cumplir tareas en la ruta. Esta precarización se suma a la incertidumbre sobre el futuro del organismo, ante la posibilidad de nuevos planes de retiros voluntarios y la falta de diálogo fluido entre las jurisdicciones nacional y provincial para el mantenimiento de conexiones clave, como el puente que une Santa Fe con Santo Tomé.

Ante este escenario, el sindicato y la Federación mantienen la expectativa puesta en el Congreso de la Nación, donde se busca dar tratamiento a un proyecto de emergencia vial. Esta herramienta se considera fundamental para recuperar la operatividad mínima y garantizar que Vialidad Nacional cumpla con su función técnica de mantener la conectividad del país, entendiendo que sin rutas seguras no hay posibilidad de sostener el flujo de la producción hacia los puertos ni de proteger la vida de los ciudadanos.